El legislador argumentó que la castración quirúrgica de los violadores es lo que la sociedad realmente quiere y que este método será efectivo e incluso económico para el Estado, que mantener recluido a los abusadores. “¿Por qué no hacer lo que la sociedad quiere? Es más barato”, aseveró.
Acusó a los defensores de los derechos humanos de lucrar con la impunidad y salir en defensa de los criminales. “Tenemos que directamente hacer castración quirúrgica y dejarnos de joder”, enfatizó.
Además, señaló que sostener los derechos de los abusadores por encima del de los niños es un gran disparate. Igualmente, pidió a sus pares legisladores acompañar el proyecto de ley y habló de que daría su apoyo a una constituyente para incluir la pena de muerte como castigo a los que abusen y/o asesinen a los menores de edad.
Resaltó que la castración hará que los casos de abusos disminuyan en un 99%. “Nadie quiere ser castrado. Es una buena publicidad (…) usted hace y esto le va a pasar”, remarcó.
Si bien actualmente Ortiz habla de la castración quirúrgica, el proyecto de ley presentado en 2016 plantea la castración química de los violadores para lo que se requiere la modificación de la Ley 1160/97. Este castigo sería implementado ante los delitos de coacción sexual y violación, abuso sexual en personas indefensas, abuso sexual en niños en los casos de coito y cuando la ley prevea la pena mayor.
Castración es inviable jurídicamente
Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de Codehupy, repudió las declaraciones del diputado y afirmó que el proyecto de ley presentado responde a intereses políticos. “Es un despropósito si tenemos en cuenta la evolución que han tenido los derechos humanos en general tanto de forma internacional como nuestro país en el sentido de poner garantías a la integridad de todas las personas”, expresó.
Asimismo, recordó que una de las prohibiciones expresas de los derechos humanos es no atentar contra la integridad personal ni la vida de las personas, por lo que alterar o cercenar miembros sería una abierta violación a los tratados internacionales a los que el país está suscrito.
“Es un recurso político, populista que algunos parlamentarios utilizan para congraciarse con una sociedad que sin ninguna duda está aterrada ante crímenes como los que vienen sucediendo”, añadió.
Mencionó que la castración como medida punitiva no ayuda a establecer las causas ni a combatir los crímenes sino que ayudan a atizar un ambiente de descontento.
Sugirió que para dar sanciones ejemplares a aquellos que cometan acciones que atentan contra la integridad y la vida de los demás, se revean las leyes y se hagan modificaciones, dando penas más severas. “Tenemos que exigir que la Fiscalía haga su trabajo, establezca plenamente la responsabilidad penal de las personas que participaron y apliquen las condenas que correspondan al hecho punible tan grave que ha ocurrido”, sentenció.
Puntualizó, que es necesaria la búsqueda de alternativas más realistas y la posibilidad de modificar las normas, luego de un debate. “La castración química es absurda”, concluyó.