El Ministerio de Hacienda denunció la semana pasada a un grupo de 293 beneficiarios por el cobro indebido del subsidio de G. 548.210 otorgado por el programa Pytyvõ. La fiscala Silvia Cabrera tiene a su cargo la investigación, indica un comunicado de prensa del Ministerio Público.
La primera denuncia fue contra un grupo de 43 personas y luego se presentó una segunda contra otro grupo de 250. Todos los casos se detectaron a través de denuncias anónimas de la ciudadanía y el trabajo interinstitucional realizado con la Dirección General de Migraciones, el IPS y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
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Los sospechosos son funcionarios públicos, aportantes activos del Instituto de Previsión Social (IPS) o personas que residen en el exterior. No reúnen los requisitos para recibir el subsidio estatal, pero de igual forma lo habrían cobrado, según se sospecha.
“La Fiscalía, en base a las denuncias que se presentan, se enmarca en la tarea de colectar elementos e indicios sobre la supuesta comisión de los hechos punibles de adquisición fraudulenta de subvenciones, declaración falsa y estafa, tipificados en los artículos 262, 243 y 187 del Código Penal en concordancia con el artículo 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal”, indica también el boletín de prensa.
El Ministerio Público divulgó el acta por la cual la fiscala Silvia Cabrera imputó a cinco personas por conseguir de forma presuntamente fraudulenta el beneficio correspondiente al programa Pytyvõ. De los imputados, tres son funcionarios públicos, entre los que se encuentra un concejal del municipio María Antonia, de Paraguarí.
La agente fiscal Cabrera ya imputó a cinco personas que no reunían los requisitos legales y, a pesar de esto, se presentaron como potenciales beneficiarias en el proceso de inscripción del formulario digital en el referido programa. Entre ellas está Martín Leonardo Riveros Sotelo (36), concejal de María Antonia, departamento de Paraguarí.
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Además, hay otros dos funcionarios públicos entre los imputados: Julia Brítez Paredes, que se desempeña como asistente de la Gobernación de Guairá, quien habría cobrado la ayuda económica a través de Bancard, y Cristina Rosalía López Acosta, funcionaria (auxiliar) de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción.
Las restantes dos personas son: Víctor Hugo Cañete Ortiz, operario de una planta, y Nilda Ramona Rivas Salinas, trabajadora asegurada del IPS.
Según el apartado de calificación primaria de la conducta, la fiscala Silvia Cabrera considera que estas personas habrían incurrido en los hechos punibles contra el orden económico y tributario (adquisición fraudulenta de subvenciones), hechos punibles contra las relaciones jurídicas (declaración falsa) y hechos punibles contra el patrimonio (estafa).