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Un concejal de Paraguarí, entre primeros imputados por presunto fraude en Pytyvõ

Este artículo tiene 6 años de antigüedad
La fiscala Silvia Cabrera investiga los presuntos fraudes en el programa social.
La fiscala Silvia Cabrera investiga los presuntos fraudes en el programa social.

El Ministerio Público divulgó el acta por el que la fiscala Silvia Cabrera imputó a cinco personas por conseguir de forma presuntamente fraudulenta el beneficio correspondiente al programa Pytyvõ. De los imputados, tres son funcionarios públicos entre los que se encuentra un concejal del municipio María Antonia de Paraguarí.

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Martín Leonardo Riveros Sotelo (36) “fue beneficiado a pesar de que el mismo el 27 de febrero de 2017, fue proclamado como miembro titular de la Junta Municipal del Municipio de María Antonia - Departamento de Paraguarí”, señala el acta de imputación firmada por la fiscala Silvia Cabrera, asignada para la investigación de presunto fraude en el programa Pytyvõ del Ministerio de Hacienda. Se agrega detalla además que el concejal Riveros Sotelo se postuló vía electrónica en la plataforma habilitada para ser beneficiada con la ayuda económica estatal.

El caso del edil ya había sido denunciado y ahora se produce la imputación tras la verificación de la documentación.

Además, otros dos funcionarios públicos figuran en la nómina del documento divulgado por la Fiscalía: Julia Brítez Paredes, quien se desempeña como asistente de la Gobernación de Guairá, quien habría cobrado la ayuda económica a través de Banacard y Cristina Rosalía López Acosta, funcionaria (auxiliar) de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción.

Nota relacionada: Este lunes arranca el segundo desembolso del subsidio Pytyvõ

Las restantes dos personas son Victor Hugo Cañete Ortiz, operario de una planta y Nilda Ramona Rivas Salinas, trabajadora asegurada del IPS.

Según el apartado de calificación primaria de la conducta, la fiscala Silvia Cabrera considera que estas personas habrían incurrido en los hechos punibles contra el orden económico y tributario (adquisición fraudulenta de subvenciones), hechos punibles contra las relaciones jurídicas (declaración falsa) y hechos punibles contra el patrimonio (estafa)".

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