El director general de Derechos Humanos de la Cancillería nacional, Marcelo Scappini, informó este fin de semana que el proceso ante la CIDH, organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene su sede en Washington DC, sigue su curso normal, con la notificación a las partes en litigio. Señaló que el último traslado al Estado fue en el 2018, con el envío de las respuestas de rigor.
El caso se inició en el 2013. En mayo del 2015, el Estado fue notificado de la demanda que entabló Fernando Lugo.
El diplomático comentó que la CIDH tiene una mora procesal por lo que los casos trascurren con lentitud.
El exmandatario pide a la CIDH que recomiende al Estado su reposición y el pago de sueldos no percibidos, el pago por los gastos del juicio político que tuvo y el pago por el “daño a su honor”.
El exsenador Adolfo Ferreiro, quien fue abogado defensor de Lugo en el juicio político, dijo en su momento que el 16 de agosto de 2013 decayó la solicitud de Lugo de reposición en el cargo porque ya asumió otro mandatario: Horacio Cartes. Pero dijo que la solicitud de indemnización sigue para pago de salarios caídos y a los abogados.
El Gobierno de Horacio Cartes comunicó al Senado y este decidió que el Estado debe responder la demanda. Así lo hizo. El 21 de octubre del 2015, el Estado pidió a la CIDH el archivamiento y el registro de la posición del mismo sobre la inadmisibilidad de la demanda entablada en la OEA por el expresidente.
De no existir acuerdo entre las partes, el caso pasará a la Corte Interamericana de DD.HH.
Sacado por mal desempeño
El 22 de junio de 2012 el Senado destituyó a Lugo por mal desempeño en sus funciones, en un juicio político. El factor detonante fue la masacre ocurrida en Curuguaty, donde fallecieron seis policías y 11 campesinos en un procedimiento de allanamiento el 15 de junio de 2012. Desde el Palacio, Lugo aceptó la decisión, pero al día siguiente denunció golpe parlamentario.