“Sin lugar a dudas esta acción no es más que una suerte de intimidación a periodistas de investigación a fin de disuadirlos a cuyo efecto se utiliza al poder judicial como mecanismo de hostigamiento. Los medios de comunicación guste o no al poder desempeñan el papel de fiscal de los gobernantes, de quienes administran la cosa pública”, explicó Montanaro.
Destacó que la libertad de prensa es un canal de vigilia del funcionamiento del Estado y de sus servidores, a través del cual el ciudadano se entera de las cuestiones de gobierno, de las actividades de sus funcionarios.
“Cuando los gobernados critican con vehemencia a los gobernantes, cuando los involucran en posibles actos de corrupción, cuando denuncian hechos que consideran nocivos para el orden publico, cuando critican la ineficiencia de los gobernantes no es razonable ajustarse a la letra del derecho común sino a las normas constitucionales mediante la interpretación que resguarde el rol fundamental que las mismas han otorgado a la libertad de prensa”, afirmó.
Afirmó que de admitirse este tipo de planteamientos –querella y resarcimiento– la libertad de prensa no estaría gravemente comprometida sino anulada, ya que no es dable sostener que después de reconocer y admitir en todo hombre el derecho de publicar libremente lo que crea conveniente –y más aún tratándose de cuestiones de interés público– la justicia le reprima y castigue por esas publicaciones.
“El Poder Judicial tiene la misión, el deber de tutelar la garantía constitucional de la libertad de prensa e información asumiendo la interpretación más favorable al derecho fundamental y el compromiso con respecto al manejo de la cosa pública sin inhibiciones y de forma enérgica, a cuyo efecto debe rechazar cualquier planteamiento como el del caso. Se debe proteger esa garantía contra cualquier restricción”.
Resaltó que la necesidad de un control completo y eficaz sobre el manejo de los asuntos públicos requiere que las personas que tengan a su cargo el manejo de los mismos cuenten con una protección diferente frente a las críticas que cualquier particular no involucrado en asuntos de interés público.
“Tanto las personalidades políticas como públicas y en particular las que administran la cosa pública deben estar más expuestas –y no menos expuestas– al escrutinio y la crítica del público y esto porque están en el centro del debate público y se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía por lo que deben demostrar mayor tolerancia a la crítica y la investigación que sobre ellas se hace”, afirmó el letrado.
Prevalece derecho de mayor jerarquía
El abogado Alfredo Montanaro sostiene que no pueden restringirse derechos tan transcendentales como lo son los de prensa e información con base en apreciaciones conceptuales acerca de la posible lesión al honor que sin bien es un derecho que hace a la dignidad de toda persona, su jerarquía no es mayor que la de la libertad de prensa e información.
“Esta circunstancia que obliga a todo buen juez a decidir prefiriendo por los que tienen mayor jerarquía que sin lugar a duda son los de libertad de prensa e información”, acotó.