En medio de mucho silencio se dio a conocer la resolución del sumario abierto a funcionarios del Ministerio de Salud Pública que estuvieron involucrados en la compra de los elementos hospitalarios defectuosos que debían ser destinados a la lucha contra el coronavirus.
El sumario recomendó suspensión sin goce de sueldo por 30 días para Pablo Lezcano, quien se desempeñaba como director de la Unidad Operativa de Contrataciones.
Los empleados que conformaban el comité de evaluación fueron sancionados con 20 días de suspensión en sus labores. Se trata de Mirta Eloisa Morán Maldonado, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Pedro Ramón Adrián Santander, Diego Marcelo Sosa Jara, Augusto Manuel Portillo Delvalle y Larizza Andrea Ginés Cantero.
Todos ellos formaron parte del proceso de la licitación plagada de irregularidades que terminó con la contratación de las empresas Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, pertenecientes a Justo Ferreira, y que entregaron productos defectuosos.
“Precedente nefasto”
La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida) fue una de las más duras en cuanto a sus cuestionamientos por la leve sanción. “Es una vergüenza y una bofetada para la ciudadanía”, expresó ayer la legisladora que formó parte de la comisión de control de las compras de artículos médicos.
“El mayor escándalo de la pandemia, procesos amañados, informes mentirosos, un país encerrado y la sanción –es– una vergüenza”, señaló seguidamente. "El mensaje que queda es “hacé nomás todo mal, amigo, que no pasa nada”. Es precedente nefasto", manifestó.
“Protectores de la mafia”
“No tienen vergüenza ni escrúpulos. Son protectores de mafias que pululan y se reproducen en este Estado fallido”, lamentó a su vez la diputada Kattya González (PEN).
Agregó que para los cleptómanos todo funciona en el Estado como reloj. “Padrinos poderosos, fiscales y jueces venales y un país con poca memoria”, aseveró. Dijo que esta es la impunidad que duele y que una vez más quedó confirmada la teoría del blanqueo. “La corrupción mata y las irrisorias penas que pretenden imponer a los funcionarios responsables alientan la corrupción e impunidad”, resaltó.
Protección que da asco
El diputado Carlos Rejala, de Hagamos, dijo que se quedó sin palabras ante la irrisoria sanción.
Rejala fue quien denunció el caso de los tapabocas de oro y quien junto a sus colegas fue a esperar el avión carguero en el que llegaron los insumos hospitalarios defectuosos. “Es evidente que acá hay esquemas de protección de intereses que todavía no han terminado de salir a la luz”, manifestó el legislador en conversación con nuestro diario. “Se juega con la paciencia de la gente”, finalizó.
Comparan con contrabando
En redes sociales los comentarios de indignación de muchos ciudadanos no se hicieron esperar. También el sector empresarial se manifestó al respecto.
“Se veía venir este tipo de leve sanción, lastimosamente todos los días leemos que las compras en el sector público cuestan dos o tres veces más que el valor del mercado y nadie es sancionado”, refirió el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Luis Tavella, sobre dicha resolución.
“Esto es como el contrabando, todos hablan de combatir y de vez en cuando cae una carga, pero nadie importante está preso y el vehículo finalmente es liberado. Lo grave es que por culpa de eso el Ministerio de Salud ya no compró nada, pero por suerte los países amigos nos donan insumos y descartables y con eso estamos llevando la pandemia”, expresó Tavella.
Sumario selectivo que ignoró a varios más
El sumario abierto en el Ministerio de Salud Pública no solo sugirió aplicar sanciones ínfimas, sino que fue selectivo.
El proceso no incluyó la mínima mención siquiera al exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública, Alcides Velázquez, quien renunció poco después de que saltara el escándalo y fuera señalado como responsable de la “celeridad” con la que se trató la licitación irregular.
Tampoco se incluyó en el sumario a Gustavo Irala, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública.
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