La Unión Paraguaya de Veteranos de la Guerra del Chaco (UPV-Chaco) había solicitado que el ente contralor intervenga en la falta de pago de impuestos por parte de empresas encargadas de la explotación de juegos de azar.
La Contraloría manifestó que la empresa Technologies Development of Paraguay SA (TDP) del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, debía abonar los cánones atribuidos de acuerdo a las leyes Nº 431/73 y 4193/10, pues las mismas estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019.
El ente contralor cuestionó que la Conajzar no haya hecho cumplir con el mandato de las normativas legales, además del pliego de bases y condiciones y el contrato firmado con las concesionarias.
“La exigencia normativa de la percepción económica sobre los beneficios provenientes de los juegos de azar, en el porcentaje señalado, se encuentran definidas en las normas regulatorias que definen la cuestión general de lo planteado, exposición, que debió ser cumplida conforme a sus lineamientos en el carácter legal correspondiente, por los agentes de retención, que son las empresas concesionarias de juegos de azar y el órgano fiscalizador competente, quien es la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) dependiente del Ministerio de Hacienda, durante el transcurso del tiempo de la vigencia de la Ley Nº 431/73 y 41 93/10 ya mencionadas”, refiere parte del análisis.
Inconstitucionalidad
En 2015, la firma TDP SA fue adjudicada para explotar durante cinco años la quiniela. En el pliego de bases y condiciones de la licitación y en el contrato firmado con la Conajzar, la empresa del expresidente Wasmosy se comprometió a cumplir con el pago de varias tasas establecidas en diferentes leyes.
Una de esas leyes era la Ley 431/73 que estableció retenciones que debían ser destinadas a honorarios para excombatientes de la Guerra del Chaco.
Ni bien fue adjudicada, la firma de Wasmosy presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Tributaria y la 431/73.