Dos oferentes para el seguro médico y odontológico “vip” del MOPC

MOPC contratará de nuevo un seguro "vip" para sus funcionarios.Archivo, ABC Color

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó ayer la apertura de ofertas de la licitación para la contratación de un seguro médico y odontológico “vip” de sus funcionarios, donde previó una inversión de un máximo de G. 96.000 millones (US$ 14 millones al cambio actual). Las dos empresas que vienen ofreciendo estos servicios a la institución desde hace años, fueron de nuevo los únicos participantes.

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Se trata de Protección Médica SA, que propuso un monto de G. 93.840 millones para el lote 1 (seguro médico) y Odontológica 3 SA, que cotizó con un monto de G. 14.400 para el lote 2 (seguro odontológico). Es decir, ofertaron un precio máximo G. 108.240 millones (contrato abierto) para la cobertura a los más de 4.000 funcionarios, durante 24 meses. Estas mismas empresas tienen un contrato similar con el MOPC hasta este mes.

Según los documentos de la licitación, la cartera destinará G. 1.000.000 mensuales por el seguro de cada funcionario, durante 24 meses, que es la duración que tendrá el contrato, de acuerdo a los datos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

En plena pandemia y cuando se están recortando los recursos para las obras viales, los funcionarios de la institución siguen con importantes beneficios que corren por cuenta de la ciudadanía. Mientras, el personal de blanco, que depende del Ministerio de Salud, lucha día a día contra la pandemia del covid-19, sin poseer beneficios similares a los que disfruta la mayoría de los trabajadores de la función pública.

Justamente, la DNCP inició una investigación de oficio a esta licitación, debido a que observó irregularidades en el proceso, que no fueron subsanadas por el ministerio. Sin esperar una resolución final de esta intervención, Obras Públicas recibió las ofertas de los interesados.

Se cuestiona por ejemplo, entre otras cosas, que la la cartera no haya presentado documentos respaldatorios del precio referencial, entre otros documentos que exigen la ley vigente.

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