El Ing. Herman Pakow, que presentó la primera denuncia ante el Ministerio Público, mayo del 2018, señaló que la causa del metrobús no fue enviada a la unidad especializada de delitos económicos, pese a que se trata principalmente de un caso de lesión de confianza. “De entrada se quiso congelar”, explicó.
Señaló que, claramente, una sola fiscala no puede investigar uno de los mayores “robos al Estado paraguayo”, en el que hay varios denunciados (el extitular del MOPC Ramón Jiménez Gaona y varios funcionarios más). “La fiscala general Sandra Quiñónez, al poco de asumir, designó como fiscala inicial del caso a Natalia Silva y cuando fue recusada por no avanzar con las investigaciones, Quiñónez ordenó que siga en la causa. Esto pese a que la Ley 4685/12, que modificó el Art. 57 inciso b del Código Procesal Penal, dice que un juez de garantías debe decidir sobre recusaciones, que no se cumplen hasta hoy”.
Resaltó que, por la postura de la fiscala general –de mantener a una agente que no quiso investigar–, apeló la decisión ante la Corte Suprema, que aún no se resuelve hasta la fecha. “Hasta hoy no se conoce el juez de garantías que tiene la causa, algo que tenía que conocerse a las seis horas de la denuncia”, enfatizó Pankow y acotó que no habrá justicia, como ya ocurrió con el “superviaducto”, donde todos los involucrados fueron blanqueados.
Tras la recusación, el caso del metrobús está interinando la fiscala Esmilda Álvarez, quién anunció la semana pasada que las pesquisas “avanzan” y que ahora realizarán una pericia en la zona de la fallida obra, donde gran parte de las obras ya fueron derrumbadas.
A su turno, el senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, que también presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona, en enero de 2019, por presunta lesión de confianza y estafa en la ejecución del metrobús, indicó que con la “operación cicatriz” no habrá justicia, por el manejo que se da ahora en el Ministerio Público.
“Yo no sé si llamarle operación cicatriz, operación blanqueo u operación impunidad. El tema del metrobús es la estafa más grande que yo conozco, abiertamente realizada. Se pagó por una obra que no existe”, señaló.
Agregó que las imputaciones solo se aceleran si se trata de adversarios políticos y resaltó que no hay interés de las instituciones, ni del Gobierno para aclarar la cuestión. “Es lamentable que, después de casi tres años, con millones de dólares estafados a la ciudadanía, que la fiscalía no sepa quién es el responsable. Obviamente es el gobierno anterior, el ministro responsable, quien fue el ordenador de gastos. Se nota que no quieren investigar a Jiménez Gaona, esa es la verdad, acá nadie es tonto, ni idiota, quieren tomar de estúpidos a la ciudadanía”, dijo.
“Imposible que no haya culpables”
El diputado Édgar Acosta, que integró la Comisión Bicameral del Congreso que investigó el caso del metrobús, cuyos resultados también se derivaron a la Fiscalía, resaltó que debe existir una profunda investigación para identificar a los responsables del sufrimiento que causó a la población la fallida obra. “Es imposible que no haya culpables, tiene que haber justicia, no puede quedar esto como algo que se construyó nomás y que después se sacó todo, sin responsables. Si en esto no hay justicia, en otras obras emblemáticas pueden terminar de esta manera”. Además, el Ministerio Público tiene en su poder la auditoría que realizó la Contraloría, que fue presentado por el contralor, Camilo Benítez.