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La Ley 2794 “De entidades cambiarias y/o casas de cambio” fue promulgada el 5 de diciembre de 2005.
El artículo 3 de la ley menciona lo siguiente: “El sistema económico cambiario está compuesto por las casas de cambio, las sucursales, agencias, cajas auxiliares; y corredores de cambios”.
El mismo cuerpo legal, en el título 12, artículo 79, define a los corredores de cambio de la siguiente forma: “Denomínase corredor de cambios a toda persona física de existencia visible o ideal que realice, con autorización expresa del Banco Central del Paraguay, transacciones comerciales habituales entre la oferta y la demanda de moneda extranjera, siempre que sea por cuenta propia y la operación no sea superior al equivalente a diez mil dólares norteamericanos, por día” (negritas son nuestras).
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) aprobó el 5 de noviembre de 2020 la resolución 248 “dirigido a las casas de cambio” en forma específica.
La resolución 248/20 obliga a todo ciudadano a demostrar el origen de su dinero, a partir de mil dólares, al utilizar el servicio de una casa de cambios.
La Ley 2794 dice que los cambistas de la calle pueden cambiar hasta 10 mil dólares diarios, en forma lícita.
Seprelad, por medio de una resolución, establece que las casas de cambio no pueden cambiar 1.000 dólares si el interesado no demuestra de donde sacó el dinero.
El abogado Diego Marcet, director jurídico de Seprelad, dijo que no es problema cumplir esta exigencia: “El cliente de la casa de cambio tiene hasta 60 días para entregar la documentación”.
Seprelad está temerosa de una evaluación que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), institución intergubernamental integrada por 17 países. El objetivo de Gafilat es establecer mecanismos comunes para combatir el lavado de dinero y el terrorismo.
Todos sospechosos
La resolución 248/20 es un intento para tapar los graves problemas que existen en Paraguay con el lavado de dinero.
El gobierno de Mario Abdo Benítez busca salir de la lista gris de Gafilat y para ello recurre a un mecanismo torpe y a todas luces ilegal.
El abogado Diego Marcet habla de la necesidad de conocer a los clientes de las casas de cambio, por eso la exigencia de mostrar de dónde sacó el equivalente a tres salarios mínimos, para ir a una casa de cambio.
La resolución 248 es un apriete para el ciudadano común que ahora es sospechoso de lavar dinero por cambiar mil dólares.
La misma terquedad que exhibe el abogado Diego Marcet para convertirnos a todos en sospechosos debería tener para dar una vuelta por una de las fábricas de cigarrillos de Horacio Cartes: nadie sabe de dónde sale el dinero ni quiénes compran el cigarrillo para luego meter de contrabando en países vecinos.
Allí es donde está la raíz de buena parte de nuestros males, no en el ciudadano común que quiere cambiar unos pocos guaraníes.
Seprelad es una institución que depende de la Presidencia de la República.
Ni una palabra sobre cambistas de la calle
El mercado financiero debe tener reglas claras para todos los sectores involucrados. Seprelad, cuyo titular es el abogado Carlos Arregui, rompió el equilibrio al imponer una resolución que afecta única y exclusivamente a las casas de cambio formales.
La resolución 248 rige para las casas de cambio, no para los cambistas informales. En la calle se puede cambiar cualquier monto, sin control, sin documentación y sin pago de impuestos.
Ahora Seprelad convierte en sospechoso a un ciudadano por cambiar mil dólares. Podría financiar al terrorismo, dicen.