Gobierno tampoco tiene vacuna para la “pandemia” de los despilfarros

Al inicio de su mandato, el presidente Mario Abdo prometió que sería el primero en colaborar con la Justicia ante casos de corrupción en su gobierno bajo el lema “caiga quien caiga”. Sin embargo, permitió todo tipo de despilfarros, licitaciones amañadas y compras sobrefacturadas en plena pandemia y la crisis económica, mientras el sistema de Salud colapsaba por la falta de elementos médicos y fármacos (ver la infografía).

Además del caso de los “insumos chinos”, Abdo dejó pasar la compra direccionada de software de IPS en Alto Paraná por G. 40.000 millones y la construcción del puente peatonal por el MOPC por US$ 2.1 millones, solo para citar algunos de los casos más conocidos.

Petropar nunca fue depurada tras la renuncia de Patricia Samudio de la presidencia, por la sobrefacturación de tapabocas y de agua tónica. Abdo ahora protege a Denis Lichi del escándalo Texos Oil, un acuerdo extrajudicial con una firma argentina que pretendía regalar casi US$ 8 millones de los contribuyentes.

Los acuerdos secretos también marcaron la agenda del Ejecutivo. Tras el acta entreguista de Itaipú y el convenio con Texos Oil también apareció el trato secreto con PDVSA que involucraba millonarios pagos a abogados vinculados a los familiares del Mandatario. Todos los dedos acusadores apuntaron al entonces jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan E. Villamayor.

Pero sin duda uno de los escándalos que más afectaron el bolsillo de la ciudadanía fue la sobrefacturación del servicio de la ANDE que acabó con la renuncia de su titular, Luis Villordo, y forzó a crear un plan de subsidios.

Pese a que Abdo hizo algunos cambios en su gabinete, la ciudadanía movilizada no está conforme. A esto se suma que el Ejecutivo sigue protegiendo a cuestionados funcionarios y Villamayor sigue como asesor del Presidente de la República.

Zoquetes del Senado

Ahora la ciudadanía busca la salida del presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, Añetete), por ordenar jugosos aumentos salariales a un grupo privilegiado de funcionarios de la Cámara Alta.

Lejos de preocuparse por el escándalo, ese mismo día en la noche del viernes, organizó un asado en su residencia en San Lorenzo (ver la imagen). En respuesta a eso, el líder de la bancada cartista en Diputados, “Bachi” Núñez, anunció que presentará un proyecto de ley para dejar sin efecto los groseros aumentos de sueldo que llegan a G. 8 millones inclusive.

Al inicio de la pandemia el Senado quiso encabezar una campaña de recortes de gastos superfluos, sin embargo, diputados y senadores se autoasignaron para este año, solo para solventar sus seguros médicos privados, un total de G. 32.741 millones, dinero que se podría utilizar para adquirir 215 respiradores pulmonares para unidades de terapia intensiva (UTI).

Corte y seguros vip

La Corte Suprema de Justicia licitó seguro médico privado para los 13.000 funcionarios y sus familias a G. 800.000 al mes por empleado. El año pasado se hizo el mismo llamado por G. 680.000.