Para Abdo, “carguero chino” es el único caso de corrupción

“Fuera del famoso carguero chino, no hemos tenido ninguna denuncia de la mala utilización de los 1.600 millones de dólares. Es importante destacar que el parque sanitario no recibió ningún insumo porque no cumplió con el pliego de bases y condiciones, por lo que se procedió a recuperar el 100 por ciento del anticipo de la póliza, se le cobró una multa de 8.000 millones de guaraníes a la empresa. Se le sancionó vía Contrataciones Públicas y hoy está en la Fiscalía”, expresó el Presidente de la República.

Fue este martes último en Palacio de López, tras un largo silencio de 24 días, en una suerte de informe de “logros” de la gestión en la pandemia, minimizando la grave crisis sanitaria por el covid-19.

Los casos

Abdo Benítez dejó pasar el primer gran escándalo en las compras en el marco de la pandemia que salpicó a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), encabezada entonces por Édgar Melgarejo. El ente adquirió tapabocas sobrefacturados y vencidos.

El caso saltó cuando el empresario Ignacio Pidal denunció que Melgarejo le había regateado los precios para conseguir los barbijos a unos G. 2.700 la unidad, pero que finalmente el ente terminó adquiriendo 4.000 tapabocas a G. 30.000 cada uno. Por este caso está procesado Melgarejo junto con otros cuatro funcionarios de la institución.

También olvidó el segundo gran caso de corrupción en el comienzo de la pandemia: el caso tapabocas y agua tónica que tumbó a la entonces titular de Petropar, Patricia Samudio.

La Fiscalía presentó imputación contra Samudio y otros 22 funcionarios de la petrolera estatal, por lesión de confianza, que según la investigación del Ministerio Público causó un perjuicio de G. 346.600.000.

Por su parte, las firmas Insumos Médicos SA (Imedic SA) y Eurotec SA, propiedad de Justo Ferreira, Roque Dagogliano y Carlos Borrel, fueron sancionadas con tres años de suspensión para proveer al Estado, luego de verse implicadas en el caso conocido como de los “insumos chinos”. Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otras tres personas están acusadas por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.