Ante la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, que colapsó el sistema de Salud Pública, actualmente son más de 70 los pacientes que han iniciado un juicio de amparo solicitando que la cartera sanitaria cubra los gastos de la internación; o provea una cama en terapia intensiva a quienes padecen un cuadro grave del virus.
“Hasta la fecha son 72 juicios de amparo que se han promovido en el marco de la pandemia, de los cuales 40 son sentencias definitivas, por las que se condena a Salud Pública a cubrir los gastos de internación de los pacientes”, informó el abogado Omar Valdez, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud Pública.
Agregó que actualmente están en trámite 60 amparos, de los cuales 45 solicitan que la cartera sanitaria asuma los gastos de internación y los 15 restantes precisan de una cama en terapia intensiva, ya sean en el sistema público, sector privado o el IPS.
Valdez admitió que varias de las medidas cautelares de urgencia ya dictadas están pendientes de cumplimiento, por la falta de camas en UTI. No obstante, afirmó que la indisponibilidad es momentánea y que las disposiciones de la Justicia se concretarán apenas se tenga lugar.
Sistema colapsado
En el amparo promovido por Jimmy Sánchez Díaz en representación del paciente Guillermo Sánchez Flores, solicitando una cama de UTI, el Ministerio de Salud Pública informó a la jueza Hilda Benítez Vallejo que el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias reportó que no existen camas en las unidades de terapia del sistema público.
“Según la Dirección de Terapia Intensiva tampoco se cuenta con lugar disponible en los sanatorios privados que tienen convenio para la atención de los pacientes; sin embargo, ya están activados los mecanismos para su derivación en cuanto se tenga disponibilidad”, puntualiza la contestación de la cartera sanitaria al Juzgado.
Ratifican medida cautelar
En otro caso, el juez en lo Laboral de Luque Elver Ruiz Díaz reiteró al Ministerio de Salud Pública que hizo lugar al amparo constitucional promovido por Fabio Torres y ordena proveer la atención médica de urgencia, además de los servicios que requiera la madre del accionante.
El 20 de abril pasado el magistrado ordenó a Salud Pública que la paciente sea internada en UTI y que el Estado se haga cargo de los gastos de internación y la provisión de medicamentos e insumos que requiera.
Sin embargo, el juez Ruiz Díaz advirtió a la cartera sanitaria que con el incumplimiento de la resolución se incurre en desacato, por lo que corresponde apercibir a las autoridades de Salud que deben hacer efectiva la orden judicial.
Al respecto el abogado Omar Valdez admitió que existe preocupación por la cantidad de resoluciones que ordenan proveer una cama de terapia intensiva a los pacientes con cuadro grave de coronavirus, atendiendo que el sistema de salud sigue colapsado por la pandemia.
Nueva ley no tiene efecto retroactivo
El director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud Pública, Omar Valdez, aclaró que la ley “Que crea un Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la Hospitalización en UTIs de personas con covid-19 en los sectores público, privado y previsional y la adquisición de medicamentos esenciales” está vigente recién desde el 16 de abril.
Agregó que los casos anteriores a esta normativa sí dependen de las decisiones que se adopten en el Poder Judicial, y que para ser amparados por esta ley, el paciente debe precisar únicamente el servicio de Unidad de Terapia Intensiva.
“La ley no tiene efecto retroactivo y no prevé reembolso de los gastos por internación”, finalizó.