Tribunal anula sentencia de primera instancia en caso narcotráfico

La cámara de apelaciones integrada por los camaristas Gustavo Brítez como presidente y Edith Martínez y Carlos Domínguez como miembros resolvió anular totalmente un juicio plagado de irregularidades en que se absolvió a un presunto narcotraficante de Salto del Guairá. Dos integrantes del denominado “tribunal de la vergüenza” están en la mira por sus llamativas decisiones.

El tribunal de primera instancia que había absuelto a un presunto narco. De perfil está el fiscal Vicente Rodríguez, quien apeló y logró la anulación de la llamativa sentencia.
El tribunal de primera instancia que había absuelto a un presunto narco. De perfil está el fiscal Vicente Rodríguez, quien apeló y logró la anulación de la llamativa sentencia.

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El tema guarda relación con la causa “Ministerio Público contra Juan Carlos Franco Rotela y otros, sobre supuesta posesión sin autorización y tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas (marihuana), expediente judicial N° 181/2014, donde el tribunal de sentencia N° 2 de Salto del Guairá presidido por la cuestionada jueza Sofía Elizabeth Jiménez Rolón e integrado por Bonifacio Rojas Zeballos, con voto en disidencia del juez Hugo Medina, absolvió de culpa y pena al prófugo Javier Genaro López Safi, tras presentarse ante la Justicia luego de permanecer durante 5 años en la clandestinidad con orden de captura.

En el año 2014, la Senad realizó un procedimiento incautando 356 kilos y 300 gramos de marihuana dentro de un vehículo de la marca Peugeot, color negro, con chapa brasileña ETB588OSP, que estaba estacionada en la vivienda atribuida a la familia de Javier Genaro López Safi, en el barrio Industrial de Salto del Guairá.

En el lugar se encontraban la esposa del mencionado, Sebastiana Vargas, y su secretario Juan Carlos Rotela. Este último fue aprehendido, procesado y condenado a 5 años de prisión por un tribunal integrado por los magistrados Ramón Trinidad Zelaya (presidente), Hugo Gilberto Medina y Bonifacio Rojas Zeballos como miembros. En 2017, este último condenó al secretario pero no al supuesto patrón con las mismas pruebas en el segundo juicio.

El agente fiscal Vicente Rodríguez apeló la sentencia del 24 de noviembre del año 2020 que absolvía a López Safi y el tribunal de apelaciones le dio la razón, anulando la sentencia y ordenando la realización de un nuevo juicio.

“Luego del repaso de las actuaciones referidas en la instancia anterior, no cabe duda de que la causa penal fue llevada de manera desprolija y negligente en cuanto a su dirección y en especial en lo relativo a la preparación, organización y desarrollo del acto de juzgamiento celebrado”, afirma en una parte el argumento de los jueces de apelación.

Entre las llamativas actuaciones de la magistrada Sofía Elizabeth Jiménez Rolón como presidenta del Tribunal de Sentencia N° 2 se cita la no inclusión de la principal prueba que se utilizó en el primer juicio al considerado secretario Juan Carlos Franco Rotela. Se trata de los vídeos del circuito cerrado de la casa, cuyo informe pormenorizado fue elaborado por el perito criminalístico Elvio Rojas Peña. La fiscalía sostiene que López Safi logró huir del lugar minutos antes de la llegada de la comitiva que allanó la casa.

Otro de los puntos alevosos de la cuestionada jueza es que no activó el protocolo establecido para forzar la comparecencia de Sebastiana Vargas, esposa del procesado, al ser convocada por el Ministerio Público. Igualmente, se señala que solo parcialmente se valoró el informe del perito Elvio Rojas Peña.

“El tribunal obstaculizó la búsqueda y descubrimiento de la verdad en el juzgamiento de la causa, privando al Estado de la sanción a hechos graves que proliferan en la región, por lo que se requiere se decrete la nulidad del fallo y la reedición del acto de juzgamiento en la instancia anterior”, afirma la revocatoria.

El juez Hugo Medina votó en disidencia por la condena de Javier Genaro López Safi.

La Jueza Sofía Elizabeth Jiménez Rolón es la misma que presidió el Tribunal de Sentencia que dio impunidad al intendente Carlos Cesar Haitter, cuya sentencia también fue apelada pero hasta ahora no se pronunció el tribunal de segunda instancia.

En el mismo orden de votos, el cuestionado tribunal había absuelto de culpa y pena al intendente de Salto del Guairá, quien fue procesado por lesión de confianza por un supuesto faltante de aproximadamente G. 1.300 millones durante su primera administración (2006-2010).

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