Disputa por la administración de la billetera electrónica pasa a Diputados

En la sesión ordinaria del Senado se debatió largamente el jueves el plan que reglamenta las transacciones electrónicas y, finalmente, por una ajustada mayoría (20 a 19, ver cuadro) modificaron el artículo 103, único punto en discusión, ya que el resto de la ley había sido consensuada por varias instituciones y organismos afectados, como el MIC, el MITIC, el BCP, el Incoop, la Cámara Paraguaya de Medios de Pagos, Asoban y las empresas de telefonía celular.

Dicho artículo se refiere al nivel de seguridad de las transacciones electrónicas. En el proyecto de Diputados se establece un nivel de seguridad alto, lo que implica que para poder realizar transacciones, como las de envío de dinero vía teléfono celular, las personas deberán contar con la aprobación de un “prestador cualificado de servicio de confianza”, cuya labor es reglamentada por esta ley y que obligará a quienes quieran realizar estas transacciones a acudir a sus servicios.

La modificación planteada por la comisión de Industria y Comercio, presidida por Patrick Kemper (Hagamos), dispone que los niveles de seguridad “sean acordes al riesgo asociado y la reglamentación (sea) emitida por la Autoridad Reguladora competente”.

El argumento fue que esta ley traería dificultades a quienes utilizan diariamente el servicio de remisión de dinero, por crear una burocracia y además tendría un costo que actuaría como disuasivo, con lo cual la mayoría de las personas se manejaría con dinero efectivo, evitando su trazabilidad.

En tanto, el senador liberal Fernando Silva Facetti consideró que si la línea del gobierno es forzar la transparencia y la trazabilidad de todas las operaciones en la lucha contra el lavado de dinero, todas las operaciones deben tener un nivel de seguridad alto y especialmente identificar a quienes realizan la transacción.

La senadora Desirée Masi dijo que se trataba de “una pelea entre Alliens versus Terminator, los bancos versus las telefónicas y en el medio está la gente”. Refirió que todos saben que las grandes sumas de dinero se lavan a través del sistema bancario y que los bancos no lo denuncian.

Expresó que las telefónicas también “usan y abusan de los contratos de adhesión”. Sin embargo, dijo que en este caso se debía tener en cuenta “al ciudadano de a pie”. Advirtió que si en plena pandemia se crea toda una burocracia que afectará enormemente a personas que reciben ahora giros de dinero en el pasillo de un hospital y hasta los sueldos se pagan de esa manera.

Finalmente, tras la reñida votación, el proyecto fue modificado y ahora la Cámara de Diputados deberá evaluar si acepta los cambios o si se ratifica en su versión original.