Wiens autorizó sobrecosto de US$ 34 millones en solo dos obras del MOPC

El titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Arnoldo Wiens, defendió ayer en una entrevista con ABC el sideral sobrecosto de US$ 34 millones que tendrán las dos obras más emblemáticas que ejecuta este Gobierno: el puente Asunción-Chaco’i (US$ 18 millones) y la defensa costera de Pilar (US$ 16 millones). Ambos proyectos se adjudicaron con la modalidad de “suma alzada”, lo que significa que los precios no podían sufrir variaciones, pero el ministro afirmó que por “fuerza pública” la institución a su cargo pidió cambios en el diseño licitado.

Con el dinero del encarecimiento de ambas obras se pudo haber comprado casi 6 millones de vacunas AstraZeneca o construir 48 pabellones de contingencia como los que viene haciendo Obras Públicas para enfrentar el covid-19.

Pero no solo no se podrán comprar esos insumos de salud. Tampoco se podrá continuar con obras anunciadas, como el Sitibús, porque no cuentan con financiación, confirmó Wiens, y además no solucionarán el problema de las inundaciones en el tramo del fallido metrobús, dijo.

–¿Por qué el puente a Chaco’i y la franja costera de Pilar tienen sobrecostos, pese a que se licitaron con la modalidad de suma alzada?

–No sé dónde las reglas no lo permiten. La Ley 2051 tiene cláusulas claras y bajo qué circunstancias (se pueden encarecer las obras), cuando es la contratante o por fuerza pública. Básicamente son requerimientos de la contratante (MOPC). En el caso de la defensa costera de Pilar, el proyecto original cubría 932 hectáreas y el proyecto modificado llegamos a 4.154 hectáreas, sideralmente mucho más grande la protección que se genera con esta modificación. Esta opción se aprobó por unanimidad por los pobladores. En el caso del puente a Chaco’i, se amplió por motivos de navegabilidad del río Paraguay, pero ese convenio modificatorio no se firmó aún. Estamos tratando de bajar los números, bajar los precios en beneficio del Estado, pero la parte técnica ya está aprobada.

–Es la primera vez que se cambian los precios de obras licitadas con esta modalidad ¿Qué marco legal utilizaron?

–La Ley 2051, artículo 62, y el contrato firmado donde figura la posibilidad de ampliación del 20%. No se puede ampliar (el precio) solo si se trata del mismo contorno de la misma obra adjudicada, pero nosotros pedimos que se amplíe la obra, a solicitud de los beneficiarios.

–Pero ese artículo se aplica a los proyectos que no son licitados con suma alzada como se establece en el pliego ¿No se está violando la libre competencia al licitar con una regla y cambiarla después de adjudicar?

–No soy abogado, pero entiendo que hicimos lo que permite el marco legal. Pero para evitar estos debates y este tipo de circunstancias y para no dar margen a los malentendidos, vamos a revisar futuras licitaciones con esta modalidad, pero a veces no son ambiciosos los diseños por lo que requieren ampliaciones.

–La franja costera de Pilar y el puente a Chaco’i suman un sobrecosto sideral de US$ 34 millones, cuando la ciudadanía no tiene para lo básico. ¿Están dimensionando esto ministro?

–Hablamos de obras de gran impacto, como la defensa costera de Pilar que es una deuda con el departamento de Ñeembucú, pregunten a los pobladores de Pilar lo que pierden con cada inundación. Significa una ciudad segura y saludable. Obviamente es una inversión grande, uno puede cuestionar, pero cada área tiene sus presupuestos, sea salud, educación y obras. Pero tampoco la salud y la educación pueden funcionar si no hay seguridad ante las inundaciones. El puente Chaco’i es una conectividad importante, que tiene una tasa interna de retorno importante, un grado altísimo, el Estado recuperará eso en crecimiento económico.

–Para ejecutar estas obras se tomó un préstamo de US$ 300 millones del BID. ¿Qué pasó de este empréstito?

–Este era un préstamo programático del BID que no tenía un condicionamiento. Lo que pasa es que, para aprobar el préstamo, Hacienda y el Congreso nos pidieron una lista de las obras que íbamos a financiar, pero era un crédito para la caja del ministerio Hacienda, es decir, se usó en lo que programó el Tesoro. Se usó ese préstamo para iniciar las obras, pero la continuidad depende de otros préstamos programáticos.

–Se autorizan sobrecostos, pero no hay recursos para pagar a las contratistas actualmente. ¿Cómo abonarán las deudas acumuladas con las empresas?

–El Congreso aprobó un presupuesto para el MOPC de US$ 350 millones de fondo local, llámese préstamo programático, bonos soberanos, principalmente, para obras en ejecución, porque ya no licitamos obras con este tipo de financiamiento. Una partecita de eso se cubrió con los bonos emitidos a comienzos de este año, y el resto se cubrirá con un programático del BID, de US$ 250 millones, que Hacienda debe determinar en qué se gastarán. La deuda con las empresas al 10 de mayo es de 103 millones de dólares.

–O sea, por ahora no habrá pagos a las contratistas.

–Por ahora, una de las soluciones que se está dando a muchas empresas es la cesión de pagos, básicamente con los certificados de obras, las empresas gestionan que los bancos le paguen los montos de los certificados (por obras ejecutadas) y luego cuando el MOPC paga el certificado, lo cobra el banco que prestó el dinero a la empresa.

–¿Pero esto no hará que las obras sean más caras por los intereses que cobrarán los bancos?

–Y sí, es la disposición de Hacienda para hacer por esta vía, si no tiene recursos.

–Por otro lado... ¿Qué pasó con el Sitibús?

–El Sitibús está sin financiación. Se tiene que proyectar cuando se trabaje en conjunto Gobierno Nacional con el gobierno municipal. Estamos en tiempo de elecciones y tenemos que conocer las autoridades que asumirán en Asunción para que se pueda trabajar, para que no pase lo que ya ocurrió. Se tiene que ver si una entidad multilateral quiere financiar.

–¿Esto significa que el BID ya no aprobó que se use el préstamo del metrobús en el Sitibús?

–El componente del préstamo del BID del metrobús queremos para otro componente, lo que será el equipamiento de las oficinas del Gobierno. Eso tratará el directorio del banco, creemos en agosto, se pidió esto a través del Ministerio de Hacienda. Si es favorable, nosotros iremos al Congreso para pedir que nos aprueben que el componente del préstamo del metrobús se use para el equipamiento de las oficinas del Gobierno.

–¿Solucionarán el problema de los desagües pluviales en el tramo del fallido metrobús donde intervino Mota Engil?

–No hay financiación para eso.

Sitibús, en proceso de rescisión

El MOPC inició la rescisión del contrato con el consorcio DC-Stiler, que fue adjudicado en 2018 para ejecutar las obras del tramo 1 del metrobús, en el microcentro de Asunción. El grupo no ejecutó ninguna obra, pero se le pagaron US$ 3 millones de anticipo. En principio, Obras Públicas pretendía que este grupo se encargue de ejecutar el plan del Sistema Integrado de Transporte Interurbano (Sitibús), en reemplazo del fracasado proyecto, pero no tuvieron más opción que cancelarle el contrato. Esto porque el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya no aprobó la prórroga que solicitó el Ministerio de Hacienda para que el MOPC pueda seguir utilizando el préstamo del metrobús. El plazo del empréstito ya venció el diciembre de 2020 (luego de postergaciones), pero pretendían ejecutarlo hasta 2023.

Millonarias obras

La franja costera de Pilar se adjudicó al Consorcio CTC, integrado por las firmas Construpar SA, Tocsa SA, Tecnoedil SA y Concret Mix SA, por G. 532.619 millones, pero terminará costando G. 638.667 millones (US$ 96,5 millones), es decir; tendrá un sobrecosto del 20% (US$ 16 millones). El puente Asunción-Chaco’i se adjudicó al Consorcio Unión, conformado por CDD Construcciones SA y la Constructora Heisecke SA, por G. 789.417 millones, pero terminará costando G. 906.000 millones (US$ 18 millones), según adelantó la firma contratista.

En la edición de mañana, las declaraciones de Arnoldo Wiens acerca de la pasarela “ñandutí”.