Acusados vaciadores de gobernación se burlan de la justicia complaciente

Una nueva recusación, esta vez planteada por el procesado Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz, impedirá la realización de la audiencia preliminar en el caso de la “tragada” en la Gobernación de Presidente Hayes de unos de G. 40.000 millones.

Benítez Ortiz recusó al juez penal de garantías Christian González, quien recientemente fue confirmado por la Cámara de Apelaciones multifueros de Presidente Hayes. Tras su ratificación para seguir en el proceso, el magistrado González había fijado para el miércoles 9 de junio, a las 7:30, la audiencia preliminar, chicaneada hace varios años, pero la nueva recusación impedirá la realización de la diligencia en la que se debía resolver si el caso es elevado o no a juicio oral.

Burla a la justicia

El proceso ya lleva 7 años de iniciado con la imputación por parte del Ministerio Público, y hasta ahora los procesados no fueron sancionados como mandan la ley y las acordadas dispuestas por la Corte Suprema.

Varias acordadas y el Código Procesal Civil disponen de las medidas disciplinarias que pueden ser aplicadas a los procesados como a los abogados litigantes de mala fe. Se pueden aplicar sanciones pecuniarias como así también imponer la prisión preventiva de los acusados, pero estos extremos han sido ignorados por los magistrados, quienes en caso de no imponer las medidas correctivas, pueden ser igualmente sancionados.

Además de Benítez Ortiz, también están procesados el exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez Giménez, Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Rubén Antonio Rousillón Blaires, Marlene Altemburger Da Silva, Raúl Ernesto Delgado Torres y Edulfo Antonio Verón Recalde.

El fiscal de la causa es el agente de Delitos Económicos, Luis Said.

“Tragada” de G. 40.000 millones

- El proceso se inició en marzo de 2014, pero en marzo de 2015, el exfiscal Martín Cabrera había ampliado la imputación contra Núñez. En la “primera” imputación se había mencionado que la Contraloría detectó una erogación de la suma de G. 808.354.209 como supuesto pago a una empresa comercial denominada Aromita SA. Con el fin de justificar dichas erogaciones se presentaron facturas con el membrete de Aromita, pero la Fiscalía finalmente detectó que se habían fraguado pagos por unos G. 40.000 millones.