ONG que opera para la Gobernación de Central pagó más de G. 900 millones a una empresa fantasma

AREGUÁ. Más de G. 900 millones en trámites de licencia y estudios de impacto ambiental sustentan otras ocho facturas aparentemente falsas que forman parte de la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, sobre el uso de un millón de dólares otorgado por el Ejecutivo el año pasado para hacer frente a la pandemia. Los documentos figuran a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), como las anteriores ya denunciadas. La empresa prestadora de servicios fue identificada como “Asunción ofertas”, que -según las facturas- se dedica al rubro de “ramos generales”, pero no existe en la dirección indicada.

egún la dirección que figura en la factura de Asunción Ofertas, la empresa debe estar ubicada en esta cuadra, sin embargo, en el lugar solo se visualizan casas particulares. La dirección es Leonismo Luqueño casi Mayor Echauri
egún la dirección que figura en la factura de Asunción Ofertas, la empresa debe estar ubicada en esta cuadra, sin embargo, en el lugar solo se visualizan casas particulares. La dirección es Leonismo Luqueño casi Mayor EchauriGladys Villalba Jara, ABC Color

El gobernador Hugo Javier González (Colorado cartista), autorizó la transferencia de más de G. 5.000 millones, parte de un millón de dólares, a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), representada por Tadeo Cristaldo Álvarez, para la ejecución de las obras.

Ocho son las facturas por un monto total de G. 904.741.817, que pagó supuestamente la Fundación CIAP en concepto de trámites de licencia y estudio de impacto ambiental. La firma “Asunción Ofertas” sería la responsable de prestar el servicio y la misma, según las facturas, está a nombre de Edgar David Arriola. La dirección de la firma es Leonismo Luqueño casi Mayor Echauri, de la ciudad de Luque, pero en este lugar no existe ninguna empresa con ese nombre.

Al llegar a la dirección indicada, sólo se pudo visualizar en la cuadra casas particulares. Consultamos a los vecinos del lugar si conocen a Edgar David Arriola, y los lugareños dijeron que no, así como aseguraron que “Asunción Ofertas”, no existe en el barrio. Las facturas no tienen ningún número de teléfono al cual llamar. Otro dato llamativo es que el vencimiento del timbrado de las boletas era el 28 de febrero de este año, y las facturas fueron emitidas desde el 15 de febrero hasta el 28 de ese mismo mes, de forma consecutiva. Según la rendición de cuentas de la Gobernación de Central hecha a la Contraloría General de la República (CGR), los detalles de los documentos son: factura N° 000122 de fecha 15 de febrero fue por un monto de G. 105.943.636; la factura N° 0001225 con fecha 18/02 es de monto de G. 105.943.636; facturas N° 0001229 y N° 0001230 ambas de fecha 23/02 son de montos G. 105.943.636 y G. 35.314.545 respectivamente; factura N° 0001232 de fecha 24/02 es de monto G. 127.575.000; factura N° 0001235 de fecha 25/02 es de monto G. 171.290.000; facturas N° 0001240 y N° 0001241 son de montos G. 197.571.728 y G. 55.159.636 respectivamente. Nuestras fuentes aseguran que Edgar Daniel Arriola tiene RUC 3407169-5 y no cuenta con certificado de cumplimiento tributario.

Más facturas falsas a nombre de CIAP

La distribuidora Santo Domingo de Emilia Ovelar Giménez, realizó una denuncia en la Fiscalía de Caacupé sobre el supuesto hecho punible contra la prueba documental y otros, contra la ONG CIAP. La empresa está asentada en la ciudad de Piribebuy, departamento de Cordillera, y en el lugar se confirmó que CIAP no es cliente y la propietaria aseguró que las facturas son clonadas.

En esta investigación fue llamado a declaración testifical el concejal Roque Ávalos (PLRA), ya que el mismo se comunicó con la distribuidora en el marco de la investigación que él y su colega, Adrián Billy Vaesken, concejal liberal departamental, iniciaron tras la rendición de cuentas del gobernador Hugo Javier. La factura apócrifa Nº 0005477 es por valor de G. 208 millones en concepto de compra de artículos eléctricos y la otra factura falsa Nº 0005479 es por monto de G. 69.621.813, supuestamente por la compra de materiales de construcción.

“Ingeniería SA” es otra empresa afectada cuya propietaria, Verónica Benítez, asegura que la factura de la empresa fue clonada. La misma realizó la denuncia correspondiente a la Unidad de Delitos Económicos de la Capital, para deslindar todo tipo de responsabilidades.

Los comprobantes de “Ingeniería SA”, apócrifos Nº 0003774, tiene fecha 8 de febrero de 2021 en concepto de “fabricación de caseta móvil para personal administrativo en obra”, por el monto de G. 20.500.000 y Nº 0003778, tiene fecha 5 de febrero también de este año, en concepto de “contratación personal para trabajo de asfalto”, por el monto de G. 16.200.000.

Otra empresa afectada es AR Electricidad, ubicada en Asunción, que se dedica a la venta de materiales eléctricos, sin embargo, en la factura presentada por el gobernador Hugo Javier, se detalla que CIAP adquirió “materiales de construcción para empedrado”, por el monto de G. 14.600.000. El asesor legal de la firma confirmó que se trata de facturas clonadas, y que la numeración del comprobante denunciado pertenece a otro cliente y por un monto menor, G. 780.000. CIAP tampoco es cliente de AR Electricidad. El caso fue denunciado a la comisaría 15 de Central y a la SET.

Rindió cuentas a las apuradas

La Gobernación no hizo ningún llamado a licitación en el marco de la reactivación económica, sino que prefirió, como ya es costumbre, transferir millonarias sumas a organizaciones sin fines de lucro para la realización de las obras. Así, el Consejo Regional de Salud recibió la suma de G. 1.276.400.000 y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), recibió G. 5.105.600.000. La suma de ambas transferencias equivale al millón de dólares recibido del Ejecutivo.

La Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción, decidieron en mayo pasado auditar la Gobernación de Central ante la falta de rendición de cuentas de la institución departamental, sobre el uso de un millón de dólares que el Ejecutivo entregó el año pasado para la reactivación económica y la ejecución de obras de la infraestructura que generen fuentes de trabajo durante la pandemia.

La CGR notificó el 20 de mayo último al gobernador Hugo Javier González (colorado cartista), respecto a la fiscalización que iniciaría inmediatamente y se solicitó al mismo presentar las documentaciones que justifiquen el uso del dinero público.

A las apuradas, el gobernador de Central “rindió cuentas” a la CGR y en el legajo se descubrieron varias facturas falsas y todas a nombre de CIAP. Hasta el momento más de G. 1.100 millones están comprometidos. La Contraloría hasta la fecha no concluyó la auditoría.

Enlance copiado

Lo
más leído
del día

01
02
03
04
05

Comentarios

Las opiniones y puntos de vista expresados en los comentarios son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no deberán atribuirse a ABC, ya que no son de autoría ni responsabilidad de ABC ni de su Dirección ni de Editorial Azeta S.A.