Como en otras ocasiones, gran parte de estos recursos terminó despilfarrado en obras a medias, pozos inservibles, beneficiarios fantasmas, además de maquinarias privatizadas, según una investigación de ABC.
Encabezan “ranking” de transferencias
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) implementa desde el año 2019 el Proyecto de restauración de los sistemas de producción de la agricultura familiar a nivel nacional (Resiproaf). En el marco de esta iniciativa, la cartera estatal, bajo las administraciones de Rodolfo Friedmann y Santiago Bertoni, transfirió desde setiembre de 2019 hasta julio de 2021 más de G. 100.599 millones (casi US$ 14 millones de dólares al cambio actual), según informes oficiales.
El listado de estas transferencias están lideradas por organizaciones que siempre encabezan las movilizaciones en “defensa” del campesinado, según los documentos a los que accedió ABC.
Este es el caso de la Coordinadora de Trabajadores de Campesinos Urbanos (CTCU), liderada por la conocida dirigente María Esther Leiva. Este grupo, que fija como sede la calle 12 de Octubre 378, barrio Pinozá, Asunción, recibió G. 3.224.000.000, de acuerdo a la resolución Nº 131/2019.
El dinero debía ser destinado a la compra de implementos menores, animales, un tractor de 75 HP, cuatro generadores eléctricos, etc. La CTCU en su proyecto presentó un lista de 1.268 personas como los supuestos beneficiados con los insumos; sin embargo, en la rendición de cuentas no se especifica dónde fueron a parar las herramientas.
Leiva reconoció ayer la recepción de los fondos, pero dijo que una parte de la plata fue utilizada por otras organizaciones porque la coordinadora “prestó” sus documentos. Aseguró que todos los equipos fueron entregados.
Sin embargo, al consultársele cuál es el estado actual, respondió que eso ya quedó a cargo de cada dirigente.
La otra organización que también recibió millones es el Movimiento Agrario Popular (MAP), presidido por Jorge Galeano. Esta asociación, cuya sede está sobre la calle Roque González de Santacruz e/Yataity Corá, de la ciudad de Capiatá, recibió en 2019 G. 1.364 millones para la compra de incubadoras para huevos, kits de herramientas menores, desmalezadoras, nueve generadores, etc.
El MAP al igual que la CTCU presentó en su proyecto una lista de 1.303 integrantes, pero en la rendición no especificó la distribución realizada.
Al respecto, Galeano ayer se limitó a responder que la organización trabaja en varios departamentos. Dijo que todas las transferencias recibidas son rendidas con las documentaciones al MAG, Contraloría General de la República (CGR), etc. Sobre los insumos comprados, señaló que no recuerda cuáles eran porque “ya pasaron tres años y no tenía a la vista sus archivos”.
Intentamos conversar con Friedmann y Bertoni, exministro y actual titular del MAG, respectivamente, sobre las transferencias realizadas en los últimos años a organizaciones, comités, etc.; sin embargo, ambos no respondieron nuestras llamadas.
Contratos con mismas firmas
La Coordinadora de Trabajadores Campesinos Urbanos (CTCU) y el Movimiento Agrario Popular (MAP), además de liderar el listado de transferencias, figuran con la contratación de la misma empresa proveedora. Se trata de Visión Agro, de Roberto Sosa Rodríguez.
La firma, que fija como dirección Amistad casi 1º de Marzo barrio Virgen de Fátima de Capiatá, proveyó desde herramientas menores (carretillas, azadas, etc.) hasta maquinarias (generadores, tractores, rastra, aradoras) a ambas organizaciones, según los documentos en nuestro poder.
Lo curioso es que un equipo de ABC recorrió la zona donde supuestamente debía estar la empresa, pero no logró ubicarla. Algunos vecinos, incluso, afirmaron que por primera vez escuchaban ese nombre.
Consultamos ayer a Esther Leiva y Jorge Galeano, líderes de CTCU y MAP, respectivamente, sobre la empresa, pero tampoco sabían la dirección exacta.
Al insistírsele a ambos cómo hicieron para solicitar los presupuestos y confirmar las respectivas compras que están en las rendiciones de cuentas, Leiva respondió que a ella le dijeron que estaba sobre Mariscal López, mientras que Galeano no recordaba nada.
Visión Agro también figura como proveedor de otras organizaciones y comités de productores.
Otra empresa
La CTCU también contrató a la empresa Prodeca de 4B SRL, representada por Ronald Hernán Guerrero. Esta firma aparece como proveedor de pollitos, herramientas menores y desmalezadoras, según las facturas que suman por G. 543 millones.
Prodeca fijó como dirección Campos Jordan y Guerra del 70 de San Lorenzo, pero tampoco logramos ubicarla.
De acuerdo a los registros, Guerrero Ovelar tiene dos procesos abiertos en los años 2011 y 2012 por supuesta estafa y lesión de confianza contra el MAG y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Las dos causas, que están en la espera del juicio oral y público, tienen que ver con supuestos desvíos de transferencias realizadas por ambas instituciones.
Sorpresivamente, en uno de los casos y correspondiente a G. 4.000 millones entregados por el Indert para la realización de proyectos también está acusada Esther Leiva por la Fiscalía.
Al respecto, Leiva en principio negó conocer al propietario de Prodeca. Sin embargo, al mencionarle que Guerrero Ovelar figuraba como representante se desdijo afirmando que sí lo conoce, pero a partir de la compra del 2019.
Intentó culpar al MAG en principio sobre la selección de las empresas, pero finalmente reconoció que la coordinadora las elige.
Prodeca también aparece con contratos con otras asociaciones campesinas.
Más vínculos
En los presupuestos de las mismas organizaciones campesinas también figura la empresa Vitalagro, representada por Santiago Dionicio Guerrero López, y que, según nuestras fuentes, sería pariente de Ronald Guerrero.
Vitalagro fija como dirección Hernandarias 440 casi Buenos Aires en San Lorenzo, pero en ese sitio tampoco pudimos ubicarla.