Juan Jara

La Itaipú Binacional, cuyo director paraguayo es Justo Zacarías, contrató por US$ 170.000, unos G. 1.275 millones, a la empresa unipersonal Global Group Turismo EAS, representada por Fernando Presentado, para la organización, montaje, ejecución y mantenimiento de su evento “Villa Navideña”. Lo llamativo es que la firma se constituyó hace un año con un capital de G. 25 millones.

El MEC registró en los últimos 10 años alrededor de 14.344 títulos de médicos expedidos por 19 universidades del país. Lo llamativo es que, de acuerdo a datos públicos, los egresados, en un gran número, son extranjeros. En lo que va de este año, una sola universidad empadronó más de 690 diplomas. El titular de la cartera estatal, Luis Ramírez, había reconocido que no tenían la potestad para verificar la veracidad del título ni del certificado de estudio que registran. No descartó que el escándalo de supuestos títulos falsos salpique a varias carreras.

El exintendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR, cartista) -hermano del senador cartista Basilio “Bachi” Núñez- vendió tres terrenos, ubicados dentro de la Finca 916, como predios municipales. Los inmuebles, sin embargo, pertenecen al Ministerio de Defensa Nacional. La Fiscalía allanó ayer la sede comunal y retiró las resoluciones de este negociado que data del año 2015.

El presidente del JEM y diputado cartista, Órlando Arévalo Zielanko, confirmó ayer que “estudió” la carrera de derecho en la sede Lambaré de la Universidad Leonardo Da Vinci. Lo llamativo es que también reconoció que esa filial en la actualidad ya no existe, tal como ocurre en el caso del senador Hernán David Rivas. Suman las coincidencias entre ambos miembros del órgano juzgador de jueces envueltos en el escándalo de diplomas dudosos.

La vigente ley 7083, impulsada por el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez, establece el despojo de 1.167 hectáreas de la Finca 916 para destinar a supuestos “sin tierras”. Llamativamente, la legislación no especifica quién pagará al Ministerio de Defensa por las tierras públicas.

El senador Basilio “Bachi” Núñez y el exdiputado Edwin Reimer, ambos cartistas, presentaron casi al mismo tiempo dos proyectos para la desafectación de hectáreas de la finca 916, perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Entre las dos iniciativas -que terminaron siendo unificadas- se pretendía despojar de 127 hectáreas. Lo llamativo es en la ley sancionada gracias a la maniobra cartista se “sacan” al Estado más de 131 hectáreas.

El exdiputado y ahora senador Basilio “Bachi” Núñez y el exlegislador Edwin Reimer, ambos cartistas, presentaron como familias agricultoras a los “ocupantes vip” de la finca 916 ubicada en Villa Hayes. Afirmaron que las mismas dejaron el rubro de autosustento y actualmente buscan potenciar la actividad turística del lugar. Lo llamativo es que en la zona los supuestos beneficiarios ostentan casas que no condicen con ninguna de esas labores.

Desde cómo hizo para prestarle plata a su esposa, su padre y su suegro mientras a él varias entidades financieras le reclamaban millonarias deudas hasta de dónde salieron los fondos para construir ostentosas mansiones son algunos de los cuestionamientos que evita responder el senador cartista Hernán David Rivas Román. El legislador colorado renunció a la presidencia del JEM, pero se atornilla como miembro de ese organismo.

Elena Elizabeth Escobar Franco, esposa del presidente del JEM, Hernán David Rivas Román, aparece como dueña de una ostentosa casa construida, entre Asunción y Lambaré, en plena pandemia del covid-19. La funcionaria renunciante a la Contraloría registró un llamativo progreso pocos meses después que su cónyuge llegase a la entidad encargada de juzgar a jueces y fiscales. Lo notable es que tanto Rivas como Escobar ya arrastraban reclamos judiciales por deudas no honradas.

Muebles finos y alfombras tipo persa retiró en el año 2020 el presidente del JEM y senador cartista Hernán David Rivas para equipar una de sus casas en Asunción. Su promesa inicial era pagar más de US$ 33.750 (unos G. 244 millones a la cotización actual) en tres meses, pero, pasaron tres años y no honró una sola cuota, relató el comerciante que tuvo que recurrir a la Justicia para cobrar. Lo triste es que, según denunció el mismo vendedor, Rivas cuando apenas era un miembro del organismo encargado de juzgar a jueces y fiscales habría logrado hacer “dormir” por casi un año su demanda.