Fiscalía pide multar G. 8 millones a abogada que denuncia corrupción

El Ministerio Público solicitó que la activista social María Esther Roa sea condenada por supuesta violación de la cuarentena con una multa de 300 días, que asciende a la suma de G. 8.035.695. Esto en el marco de la presentación de alegatos finales de la Fiscalía en el juicio oral que enfrenta la escrachadora.

Roa fue imputada por supuesta violación de la cuarentena sanitaria en contexto de la pandemia del covid-19, tras haberse “aglomerado” con 100 personas en junio del 2020 en una manifestación contra la corrupción.

Los fiscales Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez afirmaron, en sus alegatos finales, que en el juicio oral quedó probado que la activista social violó la cuarentena sanitaria establecida por decreto presidencial para combatir la propagación del covid-19 en Paraguay.

Sustentaron sus alegatos en las declaraciones de la periodista Susana Acuña y el camarógrafo de ABC TV Javier Cabañas, indicando que los mismos señalaron en sus respectivas declaraciones en el juicio oral, que la acusada no respetó el protocolo sanitaria y se aglomeró junto a otros manifestantes durante la “Caravana contra la Corrupción”, realizada en fecha en la Costanera de Asunción y la posterior concentración frente al Panteón de los Héroes.

El fiscal Ramírez argumentó que la única pena aplicable en el marco de la causa es la una multa, de acuerdo a lo que establece el sistema jurídico en nuestro país para leyes especiales.

“La única pena que se le puede imponer a Roa por haber violado la cuarentena sanitaria es la de multa”, declaró.

Ramírez explicó que dicho monto es exigido como condena “por la base de la medición, de la pena, los móviles y fines del autor, la importancia de los deberes instintivos, la relevancia, las consecuencias” y explicó que se pidió de acuerdo al monto que percibe mensualmente la procesada, más de G. 5.000.000.

Además, el fiscal cuestionó que la activista social haya descartado una salida procesal distinta, lo cual –según indicó– llevó a Roa a enfrentar juicio oral por sus convicciones.

Absolución e investigación

El abogado Guillermo Ferreiro, representante legal de Roa, criticó el trabajo de los fiscales, pidió que la activista social sea absuelta de culpa y pena, que se impongan las costas al Ministerio Público y se remitan los antecedentes de los agentes Juan Carlos Ruiz Díaz y Ángel Ramírez para que sean investigados por persecución de inocentes.

“Esto es una vendetta miserable, cobarde y ruin del Ministerio Público porque no tolera que alguien les señale y les diga que no está de acuerdo con lo que hace. Por eso está causa llegó a juicio oral, pero acá los únicos condenados van a ser

los agentes del Ministerio Público”, expresó Ferreiro, quien calificó como “delirante” el pedido de condena para su defendida.

“La orden era detenerme”

Roa afirmó que existe una línea de acción contra su persona, atendiendo a que –según denunció– el fiscal Ruiz Díaz le había indicado en una audiencia que existía una “orden” de que sea detenida y recluida. “El fiscal Ruiz Díaz, cuando me tomó la indagatoria el 6 de junio, me dijo que la orden era detenerme todo el fin de semana para que yo me quede en la cárcel o en la comisaría”, declaró.

Ante esa situación, la escrachadora aseveró que no tiene “esperanza” de que la sentencia sea favorable. “El hecho que se dio conmigo y no con otros revela cómo se maneja la justicia”, agregó.

“Falta a la verdad la señora Roa. No creo que ningún fiscal reciba orden de la señora Sandra Quiñónez (fiscala general del Estado)”, sostuvo el fiscal Ruiz Díaz. Agregó que “no tiene coherencia lo que ha manifestado”.

Lo llamativo de sus declaraciones fue que mencionó a la fiscala general Quiñónez como presunta autoridad que ejerció presión en la causa, siendo que Roa no señaló de quién provenía la orden.