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Denis Vera, el político colorado candidato a intendente de Ybytymí (Dpto. de Paraguarí) que se quedó con parte de un cargamento incautado por Aduanas, tiene vínculos con una empresa establecida en Ciudad del Este y señalada por presunto contrabando de celulares. Así lo revelan documentos a los que tuvo acceso ABC Color.
Cargamento de la discordia
Un cargamento de US$ 3 millones es el centro de la discordia entre el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández; y el senador colorado Martín Arévalo, quienes se denunciaron mutuamente por tráfico de influencias.
La historia comenzó el 24 de noviembre de 2019. En ese entonces la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) incautó un camión que había salido sin realizar los trámites necesarios de la zona aduanera de Encarnación.
En ese entonces, desde Aduanas aseguraron que el cargamento había salido de forma irregular de zona aduanera y que había sido clonado. Esto es, había dos camiones diferentes que habían presentado los mismos documentos.
La carga incautada en 2019 figuraba a nombre de las empresas OVF SA e Importadora GECU SA, aunque el empresario Ahmad Khalil “Armando” Chams asegura ser el propietario.
El cargamento de Chams fue calificado como contrabando el 24 de junio de 2020. Exactamente dos meses después, el 24 de agosto de 2020, se denunció la desaparición de las mercaderías que habían sido incautadas.
Finalmente, el 11 de diciembre del año pasado, se ordenó el remate del camión y el contenedor, pero las mercaderías fueron vendidas de forma directa.
Según publicó la misma DNA a través de comunicados oficiales y hasta en redes sociales, lo que no llegó a ser robado del cargamento incautado fue vendido por concurso de precios a la firma Emeku SA.
Sin embargo, el empresario Chams aseguró que las mercaderías quedaron en manos de Denis Vera, candidato colorado a la intendencia de Ybytymí, Paraguarí.
El mismo Vera reconoció en conversación con medios radiales que él había sido el que compró los productos y que los revendió a empresas de Ciudad del Este.
Vínculo con contrabando
Documentos a los que tuvo acceso ABC Color y que constan en poder de la Abogacía del Tesoro, dan cuenta de que Denis Adalberto Vera Giménez figura como síndico titular de la empresa Emeku SA, que tiene como accionista y presidente a Mario Daniel Quiñónez Cattebecke.
Curiosamente, no fue Quiñónez -ligado a la prófuga Dalia López- quien apareció para realizar la compra, sino que fue Vera Giménez... el síndico de la empresa.
Pero Vera aparece ligado también a otra empresa. Así consta en los documentos que obran en la Abogacía del Tesoro.
El mismo Denis Adalberto Vera Giménez también aparece como síndico titular de la empresa P&D Import SA., que tiene como accionistas a Reinaldo Pérez Velázquez y Zully Isabel Ramos Monges.
La firma P&D fue una de las varias empresas señaladas por autoridades como parte de un esquema de contrabando de celulares operando en Ciudad del Este.
Fue en el marco del “Operativo Llamada”, realizado en agosto de 2019 y que derivó en la imputación de unas 15 personas.
Además, en ese entonces los fiscales intervinientes solicitaron la inhibición de enajenar y gravar bienes para varias empresas; entre ellas P&D Import SA. En ese mismo operativo se mencionó también a la firma Mobile Zone Import-Export, de Liz Paola Doldán González, quien hace algunas semanas fue sancionada junto a varias personas por el departamento de Estado de los Estados Unidos debido a que formaban parte del esquema de corrupción que operaba en la Triple Frontera.
Vínculos con Dalia López
Como señalamos líneas más arriba, Vera Giménez aparece ligado a la firma Emeku SA, con la que compraron las mercaderías incautadas.
En 2019, Cattebecke fue imputado por la fiscala de propiedad intelectual Carmen Gubetich de Cattoni. Fue luego de un allanamiento realizado en el aeropuerto Silvio Pettirossi durante el que se incautaron productos falsificados.
El cargamento por el que fue imputado Cattebecke había llegado a nombre de la firma Estilos ¿Los propietarios de esa empresa? La prófuga Dalia Angélica López Troche y su marido, Luis Alberto Gauto.
La imputación le costó a la fiscala Gubetich de Cattoni una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
“Ese caso en particular de esta empresa... le allané en tres oportunidades. La empresa trae celulares del exterior. La empresa figura a nombre de un prestanombre de Quiñónez Cattebeke, pero la firma es de Gauto”, relató el año pasado Gubetich.
La fiscal relató entonces que le advirtieron del poder de la red encabezada por Gauto y López Troche.