Gobernador de Alto Paraguay ignoró a DNCP y favoreció a su funcionario

El gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno, ignoró abiertamente un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y entregó un contrato de G. 800 millones a una empresa ligada a un funcionario de su confianza. La obra se trata de una planta purificadora de agua y hasta ahora no funciona.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señaló que el proceso de licitación está viciado de nulidad, pero la Gobernación siguió.
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señaló que el proceso de licitación está viciado de nulidad, pero la Gobernación siguió.gentileza

Un total de G. 800 millones entregó la Gobernación de Alto Paraguay, encabezada por el exdiputado colorado José Domingo Adorno, a la firma Caval Consultoría SA, representada por Sergio Danilo Castillo Valdez.

La firma debía encargarse de proveer una planta purificadora de agua. De acuerdo a una denuncia presentada la semana pasada ante la Contraloría General de la República (CGR) por cuatro concejales departamentales, la planta debía estar ubicada inicialmente en la comunidad de Carmelo Peralta. La maquinaria se mantuvo dos años allí y luego fue llevada hasta Fuerte Olimpo, donde está olvidada en el patio de un taller debido a que no funciona. “Nunca funcionó”, afirmó el concejal departamental Erasmo Rodríguez (ANR), en conversación con el programa Noticias y Más de Radio ABC Cardinal.

DNCP puso freno

Según consta en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el proceso para la adjudicación de este contrato estuvo viciado de nulidad. Esto empujó incluso a que la institución ordene la anulación del contrato, lo que fue ignorado por la administración de Adorno.

El primer punto llamativo es que Caval Consultoría inicialmente se dedicaba a la provisión de lubricantes. Esto había generado publicaciones periodísticas que empujaron a que la DNCP abriera un sumario al respecto.

La firma, según la resolución de la DNCP, tiene vínculos familiares con funcionarios de confianza de Adorno que formaron parte del Comité de Evaluación.

“Cotejado el prontuario civil y legajo proveído por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, se constató que SERGIO DANILO CASTILLO VALDEZ es hijo de CLAUDIO CASTILLO AGUILERA y PABLINA VALDEZ MALDONADO”, revela el informe de la DNCP.

El documento señala que, por lo tanto, existe parentesco en primer grado de consanguinidad.

“Castillo debió inhibirse del proceso de evaluación de ofertas considerando el grado de parentesco existente entre este y el representante legal y accionista de la misma, Sergio Danilo Castillo Valdez, y dada la situación particular la empresa CAVAL CONSULTORIA S.A no debió tener participación en el procedimiento pues se encontraba inhabilitada”, agrega.

A pesar de este dictamen, el contrato prosiguió y la firma entregó un equipo que no funciona, de acuerdo a la denuncia de cuatro concejales departamentales.

Solo en Alto Paraguay

Según los datos de la web de la DNCP, Caval Consultoría SA, tiene solo 11 contratos con instituciones públicas. Todos fueron firmados con la Gobernación de Alto Paraguay, entidad donde trabaja el padre del accionista.

En total, recibió más de G. 1.274 millones en contratos con la gobernación del departamento chaqueño.

Hasta antes de la llegada de Adorno a la administración departamental, la firma había conseguido contratos que no superaban los G. 80 millones.

Los dos mayores contratos se dieron con el gobernador Adorno. Se trata de dos licitaciones de G. 113 millones y G. 800 millones, respectivamente.

Denuncia ante la CGR

Los concejales departamentales Erasmo Rodríguez (ANR), Édgar Benítez (Frente Guasu), Ricardo Duarte (ANR) y Nicolás Feltes (PEN) acudieron el viernes ante la Contraloría General de la República (CGR) para plantear denuncias contra el gobernador del Alto Paraguay, el colorado velazquista José Adorno.

Numerosas son las supuestas irregularidades que sacudieron la gestión de Adorno al frente de la Gobernación de Alto Paraguay.

Feltes y Rodríguez habían solicitado a la CGR un pedido de auditoría de la gestión de Adorno tras detectar una diferencia de más de G. 2.000 millones entre la rendición de cuentas del año 2019 presentada a la Junta.

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