Junta Departamental de Itapúa pedirá a Fiscalía investigar a Gobernación

La mesa directiva de la Junta Departamental de Itapúa está presidida por la concejal Luisa Salapata (ANR).Juan Augusto Roa

La Junta Departamental de Itapúa resolvió remitir al Ministerio Público los antecedentes de una auditoría practicada a la Gobernación de Itapúa, en la que se detectaron irregularidades en la ejecución de obras públicas financiadas con recursos de Fonacide y royalties. Se resolvió remitir el informe de auditoría acompañado del descargo de la Gobernación, señaló la presidenta del cuerpo colegiado, Luisa Salapata (ANR, Partido Colorado).

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La denuncia contra personas innominadas será presentada a más tardar el miércoles. Se adjuntará un informe de descargo presentado por la Dirección de Obras de la Gobernación, cuyo titular es Luis González.

Una minuta presentada el lunes de la semana pasada por los concejales liberales Carlos Pereira y Mirta González propuso remitir los antecedentes del informe de auditoría para deslindar responsabilidades en el empleo de unos G. 5.973 millones en obras financiadas con recursos de royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo.

Hubo 11 votos a favor de derivar el caso al Ministerio Público y siete por esperar a una resolución final de la Contraloría a los descargos de la Gobernación.

Cuestionamientos

Las presuntas irregularidades fueron detectadas mediante una auditoría a la ejecución presupuestaria correspondiente al periodo comprendido entre el primer cuatrimestre de 2019 y el segundo cuatrimestre de 2020.

En ese periodo se ejecutaron obras públicas por un monto de G. 5.973.478.979, con recursos provenientes de royalties. El examen de auditoría detectó irregularidades tanto en los precios pagados por las obras, como en pagos por obras no ejecutadas.

Entre algunos de los puntos analizados por la Contraloría y citados en la minuta presentada ante la Junta Departamental se menciona la Licitación Pública 08/2018, para refacciones de escuela y construcción de aulas, comedores, baños y polideportivos.

En la muestra analizada se menciona un contrato por G. 529.890.865 con la empresa Proyect Ingeniería S.R.L., en el cual se observa una diferencia de G. 47.067.846 entre obras ejecutadas y certificaciones pagadas. Otra observación al mismo contrato es el incumplimiento de plano y especificaciones técnicas en la ejecución de la obra.

Otras irregularidades observadas por la Contraloría conciernen a la construcción de un polideportivo en la ciudad de Fram, donde se pagó por certificaciones de obras no realizadas.

Respecto a esos cuestionamientos, la secretaría de Obras no presentó un solo documento de descargo ante las comisiones encargadas de estudiar la minuto, sostuvo el concejal Carlos Pereira.

La presidente del organismo, sin embargo, dijo que obra en esa presidencia una serie de documentos de descargo que acompañarán el pedido de intervención, junto con el informe de Contraloría que dio pie a la denuncia.

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Rechazan adjudicaciones

La Junta Departamental de Itapúa rechazó dos licitaciones adjudicadas por la Gobernación.

Una de ellas concierne a obras de refacción y hermoseamiento de la Plaza de Armas de Encarnación, por un monto de G. 225.036.957, adjudicada a la empresa Habitare S.A., de Encarnación. La obra fue adjudicada el 6 de octubre. La Junta, sin embargo, consideró oportuno el rechazo dado el monto del dinero a invertir y el desconocimiento sobre las tareas a desarrollar.

Otra adjudicación rechazada por la Junta concierne a la adquisición de fotocopiadoras digitales, impresoras y un escáner de red para la Gobernación de Itapúa, adjudicada el 27 de agosto por un monto de G. 218.393.905.

Uno de los cuestionamientos de los concejales es el costo que tendrá cada unidad, unos 40 millones de guaraníes, cuando en el mercado valdrían la mitad de ese monto.

La Junta también resolvió remitir un pedido al gobernador interino Gustavo Miranda Villamayor (ANR, Partido Colorado) de que se abstenga de firmar adjudicaciones hasta que se defina quién ocupará la titularidad de la Gobernación, atendiendo a que el gobernador Juan Schmalko (ANR) se encuentra con permiso “sine die” (por tiempo indefinido) por razones de salud.

Existen dudas en el seno del cuerpo colegiado sobre si el gobernador Schmalko estará en condiciones de retomar sus funciones.

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