Hay dudas en Senado sobre la aprobación del Protocolo que busca castigar el comercio ilegal del tabaco

El Protocolo, que establece obligaciones a los Estados tendientes a evitar la venta ilegal de tabaco, ya fue postergado en dos oportunidades anteriores, por la postura de algunos senadores que piden convocar a audiencias públicas con presencia de médicos, por un lado, y los industriales, por el otro.

El presidente de Tabacalera del Este S.A (Tabesa), José Ortiz, remitió una nota al Senado, pidiendo el rechazo al Protocolo, sosteniendo que perjudicará a las firmas legales.

La senadora Desirée Masi (PDP), quien había pedido la postergación hace 15 días, por considerar que no había votos para su aprobación, dijo que es partidaria de que se trate y así se vea quiénes están en contra y a favor de un instrumento que apunta directamente contra el contrabando del tabaco.

Señaló que algunos colegas le dijeron que ella se centraba en las empresas del ex presidente de la República Horacio Cartes (ANR), a lo que respondió que se trata de un Protocolo firmado en 2012 por 130 países que, seguramente, no pensaban en el exmandatario al momento de la firma, sino en la salud y la economía de sus habitantes.

Lea más: Nueva Zelanda quiere ilegalizar el tabaco de manera progresiva

En setiembre pasado, el estudio del protocolo fue solicitado por la senadora Masi y el senador cartista y exministro de Salud Antonio Barrios pidió la postergación para un mejor estudio y asegurando que no estaban en contra de un protocolo internacional de Salud.

Lea más: Van a prorrogar el protocolo anticontrabando de tabaco para asegurar su aprobación, afirma Masi

El último aplazamiento, el jueves 2 de diciembre, fue solicitado por el senador Abel González (PLRA, C), legislador de Amambay y titular de la Comisión de Cooperativismo y Desarrollo. “Corremos riesgo de que lleven sus fábricas y empleos a otros países”, dijo González al reproducir los argumentos de José Ortiz.

Según la Dra. Lida Sosa, viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud de la Cartera estatal, uno de cada diez cigarrillos que se consumen en el mundo proviene del comercio ilícito, afectando principalmente a jóvenes y grupos de personas de escasos recursos, reduciendo los ingresos gubernamentales y aumentando los gastos sanitarios por los problemas de salud causados por el consumo”, alertó.

Seguimiento internacional

El mensaje del Poder Ejecutivo con el Protocolo contra el comercio ilegal de tabaco fue remitido en diciembre de 2018 al Senado. Menciona que su aplicación requerirá una estrecha colaboración de nuestro país con las organizaciones internacionales con experiencia en el área. Una de las medidas que establece es un régimen mundial de seguimiento y localización de los productos que ayude a los Estados a determinar el origen de los productos del tabaco, el punto en que se desvían, así como la vigilancia y situación legal de los mismos.