El pedido de intervención de la gestión de Cañete del periodo 2022 a mayo del 2023, por resolución N°210/2023, había sido aprobado en la Junta Municipal, tras varias irregularidades detectadas en su desempeño. Los ediles detallaron sobre la falta de transferencias en tiempo y forma de G.141.780.812 a Hacienda.
Entre las irregularidades mencionadas fue la falta de transferencia de G.21.800.000 a la Caja de Jubilaciones Municipal, que de acuerdo a lo que manifestó al presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos (ANR-HC), el ejecutivo municipal había justificado que el dinero usó para pago a funcionarios, lo que representaría “malversación de fondos”.
La concejal Margarita Miró (PLRA) comentó la forma desprolija y poco transparente en que se maneja el ejecutivo municipal y agregó es una persona que hace caso omiso a los pedidos solicitados como nómina de funcionarios, remuneración que perciben, informes no contestados y resoluciones que no cumple.
Por su parte, el arquitecto Marco Antonio Ramírez, reveló que las obras ejecutadas estarían “sobrefacturadas” con adjudicaciones sospechosas beneficiadas por la vía de excepción. Además, mencionó que existe una diferencia de G.946.444.424 entre las rendiciones de cuentas remitidas a la Junta Municipal y el reporte que realizó de su Ejecución Presupuestaria a Hacienda.
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En vicachería “no vamos entrar”
El ejecutivo comunal, hasta agosto pasado, seguía siendo de Fuerza Republicana, tras la aprobación de la conformación de la Comisión Especial para la intervención de su gestión, rápidamente alió al diputado cartista por el departamento de Paraguarí, Héctor Bocha Figueredo y comenzó a hacer lobby en Cámara Baja, para tratar de salvarse de la intervención.
Ya en la comisión especial el intendente presentó su descargo, negó las denuncias de supuesto daño patrimonial a la Municipalidad de Carapeguá. Dijo que es comerciante y no necesita de incurrir en este tipo de cosas.
Refiriéndose a los denunciantes manifestó que tienen que preguntar cuánto cuesta un baño sexado, a los mejor en otro lugar cuesta más caro. “Nosotros en vicachería no vamos a entrar”. Y el mismo argumento de siempre, que no entró para esas cosas, que si necesitaba plata iba a quedarse en su negocio, porque “soy comerciante”.
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Respecto a la falta de pago a ex concejales de más de G. 200 millones que fue reprogramado en el 2022 y que no pagó y tampoco rindió cuenta de qué pasó con dicho rubro, dijo que es solo una cuentita que va regularizar este año.
El informe de la Comisión Especial estará en 15 días, que deberá presentar a la plenaria de la Cámara Baja. Durante sus descargos los concejales presentes fueron presidenta de la Junta Municipal, Rosa Ramos (ANR); vice presidente, Ignacio Ojeda (PLRA); los ediles liberales Margarita Miró, Rubén Galeano, los colorados Ederson Centurión, Pedro Espínola y Ramón Vega (PJ). Se desembarcó del pedido de intervención el concejal cartista Silvino Silva.