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La fiscala de Itá, Daysi Sánchez, en compañía de sus colegas Lourdes Bobadilla y Gladys González, ambas asignadas a la ciudad de Ñemby, allanaron la playa de vehículos Steven Automotores, ubicada sobre la ruta PY0, en Ñemby. El objetivo del procedimiento fue la incautación de documentación.
El procedimiento se realizó a raíz de una nueva denuncia en contra de la mencionada firma, que surgió en la fiscalía de Itá, representada por Daysi Sánchez. La fiscala se incautó de documentos.
“Recibí una denuncia, de Antonio Javier García Amarilla, sobre una supuesta estafa de esta empresa de venta de autos. Según la víctima, realizó una entrega de G. 33 millones para retirar un vehículo y firmó quince pagares, y cuando faltaba solo dos cuotas para terminar le secuestran en rodado y se negaron a entregarle el título”, expresó la fiscala.
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Dijo que la playa, al recuperar los rodados, ya nuevamente ponían a la venta o exigían sumas siderales a los clientes para devolver los vehículos.
La fiscalía de Itá imputó al comerciante Denis Steven Bareiro por desacato, producción de documentos no auténticos y estafa. Esta denuncia se suma a las más de 200 realizadas en la fiscalía de Ñemby, que también ya ordenó la detención de Bereiro y del juez de paz de Nueva Asunción, Jorge Adolfo Franco.
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También, el viernes 22 de marzo fue detenido Carlos Bareiro Benítez, padre de Denis Steven, también propietario de la playa de autos, por orden de la fiscala Daysi Sánchez. Ambos se encuentran imputados.
Arrecian denuncias
La Fiscala Lourdes Bobadilla comentó que en la fiscalía de Ñemby ya recibieron cerca de 200 denuncias de las supuestas víctimas de lo que sería un esquema de estafa que venía realizando en la playa de vehículos.
“Tenemos casi 200 denuncias en la fiscalía contra esta playa de autos y siguen llegando más víctimas. Vamos a analizar todas de manera minuciosa y ya hemos incautados varios documentos para el peritaje”, expresó la representante del ministerio público.
Durante el procedimiento realizado esta mañana llegaron al local varias víctimas de la firma y que llegaron a pagar sumas siderales para recuperar sus vehículos que fueron secuestrados por la empresa.
“Yo me atrasé solo unos días para el pago de mi cuota número 24 de 36, pero ya no me quisieron cobrar porque me dijeron que pasó a judiciales. Al día siguiente ya me secuestran el auto que estaba en un taller, y ya rápidamente pusieron de vuelta para la venta y me exigieron pagar G.10 millones para retirar mi auto. Además hice una entrega de 18 millones de guaraníes”, expresó una de las víctimas, Adán Armoa.
Otra víctima, Carmen Escobar, indicó que se atrasó una cuota y le pidieron el auto porque supuestamente no funcionaba el GPS, pero ya no le entregaron. Le exigieron el pago de G. 12 millones para que pueda recuperar su auto y le obligaron a firmar un nuevo contrato de compra venta.
La fiscalía no descarta que varios otros jueces de paz estén involucrados en esta, ya considerada megaestafa. Los funcionarios no dieron mayores detalles a los intervinientes, es más dijeron, dijeron no saber nada del propietario declarado prófugo.