El juzgado penal de garantías debe realizar mañana la audiencia preliminar en la causa que involucra al dirigente yerbatero Vidal Brítez. Se encuentra procesado tras incidentes ocurridos durante manifestaciones contra la actividad minera en el distrito de Paso Yobai.
El Ministerio Público alega que Brítez instigó hechos de coacción grave y maniobras peligrosas durante un enfrentamiento en enero pasado. La defensa denuncia persecución por su rol como activista ambiental.
La causa se originó luego de un enfrentamiento entre manifestantes y trabajadores vinculados a actividades de extracción de oro, cuando un grupo intentó impedir la instalación de piletas de lixiviación y la excavación de canteras en un inmueble privado del distrito.
El fiscal Martín Escalada confirmó que la acusación contra Brítez fue formulada a finales de diciembre del año pasado, una vez concluida la etapa preparatoria. Según explicó, el Ministerio Público sostiene que el dirigente actuó en calidad de instigador, alentando a los autores materiales a impedir el paso y a protagonizar hechos que derivaron en situaciones de violencia.
Escalada indicó que la acusación se apoya principalmente en declaraciones testificales de personas que afirmaron haber visto a Brítez en las inmediaciones del lugar, desde donde —según la tesis fiscal— habría inducido a los manifestantes. Asimismo, señaló que se incorporaron registros audiovisuales captados durante el incidente, los cuales fueron remitidos al laboratorio forense para su análisis y comparación con fotografías de los acusados.
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El fiscal aclaró que la atribución a Brítez se limita a los hechos de coacción grave e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, y no a la tentativa de homicidio que inicialmente se investigó respecto a otros involucrados. En la misma causa también fueron acusados como supuestos autores materiales otros dos procesados, cuyas presentaciones y requerimientos conclusivos se realizaron en fechas distintas.
Por su parte, el abogado defensor Juan Carlos Decoud cuestionó la actuación fiscal y sostuvo que no se pudo confirmar la presencia efectiva de su defendido en el lugar del enfrentamiento. Decoud afirmó que, ante la imposibilidad de probar su participación directa, la Fiscalía modificó la calificación para acusarlo como instigador, basándose —según dijo— en la denuncia de dos empleados de empresas mineras.
El defensor calificó la acusación como una represalia por el rol de Brítez como referente social y ambiental en la zona, al oponerse públicamente a la expansión de la minería en Paso Yobai.
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Brítez es presidente de la Asociación de Yerbateros de Paso Yobai y fue elegido como referente de la organización Defensores de la Casa Común, integrada por pobladores que denuncian presuntos daños ambientales. La defensa sostiene que existe una persecución contra líderes comunitarios que cuestionan la actividad minera y que, en lugar de investigarse las denuncias ambientales, se criminaliza la protesta.
En declaraciones previas recogidas por ABC Color, la defensa ya había denunciado supuesta parcialidad en la investigación de los hechos vinculados a las manifestaciones. También se recordó que Brítez obtuvo anteriormente medidas alternativas bajo fianza mientras avanzaba el proceso penal en su contra.