El Tribunal de Sentencia inicialmente sorteado para realizar el juicio oral y público por la fuga masiva de reclusos de la penitenciaria regional de Pedro Juan Caballero ocurrida en enero de 2020 se integró con las juezas Mirna Carolina Soto González, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Nuñez.
Sin embargo, este colegiado se desintegró tras la aparición de chats emtre las magistradas mencionadas y el diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, ultimado en su casa por la Policía durante un allanamiento realizado el 19 de agosto de 2024.
El escándalo de los chats de Eulalio “Lalo” Gomes
Tras la exposición de los chats y con ello, una serie de irregularidades por parte de las representantes del Poder Judicial, Carmen Silva y Ana Aguirre renunciaron, al igual que otras personas salpicadas por los mensajes como la jueza Sadi López y hasta el entonces miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Orlando Arévalo.
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Tras la difusión de los chats Las exjuezas Ana Aguirre y Carmen Silva Bóveda están procesadas por la comisión de los supuestos hechos punibles de cohecho pasivo agravado (coima) y prevaricato.
Las magistradas ahora procesadas formaron parte del Tribunal de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Circunscripción Judicial de Amambay, que el 3 de noviembre de 2022, por Sentencia Definitiva (SD) N° 136 absolvió al presunto narcotraficante Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, sindicado como el autor intelectual del homicidio del periodista de frontera Leo Veras.supuesto homicida del periodista de frontera Leo Veras.
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Por su parte, Mirna Soto fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el 2 de octubre de 2025. El JEM concluyó que la jueza de Pedro Juan Caballero Mirna Soto “ha incurrido en mal desempeño funcional, pues ha violado uno de los principios esenciales, la imparcialidad en un proceso penal y violentado los artículos del Código Procesal Penal”.
El proceso por la fuga masiva de la cárcel de Pedro Juan Caballero
En agosto del año pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó “in limine” una acción de inconstitucionalidad presentada por uno de los acusados por la fuga masiva de internos de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, ocurrida el 19 de enero de 2020.
En la fecha indicada, 76 internos ganaron la calle. Para el efecto, los reos cavaron un túnel de 15 metros que supuestamente los guardias no vieron, pese a que 200 bolsas con arena quedaron en una celda “cateada” 20 días antes.
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Este cateo se hizo luego de que la ministra de Justicia Cecilia Pérez advirtiera justamente sobre un plan de escape. En la época, se manejaron versiones de algunos reclusos salieron por la puerta principal.
La mayoría de los fugados son miembros de la facción criminal Primer Comando da Capital (PCC).
De hecho, los tres principales cabecillas de este grupo que se fueron son David Timoteo Ferreira y Laurindo de Souza Neto, condenados un mes antes de la fuga, y Osvaldo Rodrigo Pagiotto, apresado en 2012.
También huyeron en la ocasión los seis sicarios que operaban para el narcotraficante brasileño Sergio de Arruda Quintiliano Netto, alias Minotauro y que, de hecho, ya estuvieron a punto de salir con arresto domiciliario una semana antes gracias a un fallo de un juez, que después fue anulado por la Corte.
De estos seis, el más importante es el brasileño Julio César Gomes, señalado como el asesino de la abogada Laura Casuso.
Acusación por supuesta liberación de presos y otros delitos
Hay casi una treintena de acusados por el caso, entre ellos exautoridades penitenciarias, guardiacárceles y otros custodios tercerizados de la firma Tapití.
La acusación presentada por los fiscales María Irene Álvarez, Fabiola Molas y Federico Delfino es por supuesta liberación de presos, frustración de la persecución y ejecución penal y asociación criminal. La Fiscalía, sostiene que los acusados no tomaron las medidas necesarias para evitar el escape.
El exdirector de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero, Christian Rolando González Morel, y el exjefe de seguridad, Arnaldo Matías Báez Torres, encabezan la lista de 29 acusados, que se completa con guardiacárceles.
También están acusados por los mismos ilícitos los guardias penitenciarios Luis Miguel González Larrea, Tadeo David Cristaldo Florentín, Concepción Fernández Argüello, Alcides Villalba Arévalos, Justino Rolón Cantero, Rosalino Ocampos Diana, Robert Daniel Quevedo Añasco, Antonio Salina Duarte, Adán Adriano Aquino Céspedes, Domingo Antonio Zaracho Martínez, Eligio Benítez Ortellado, Marcelino Ferreira Rodríguez.
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Igualmente, los demás funcionarios Carlos Alberto Ortellado Morel, Everth Ramón Castro Ferreira, Pablo Alcides González Ayala, Ramón Amarilla Escobar, Héctor Cándido Florenciano Martínez, Nelson Ramón Pereira Ávalos, Nelson Rafael Zárate Amarilla, Cristian Pedra Cabañas, Alcides Ramírez González, Óscar Antonio Ferreira Martínez, Sergio Toledo Venialgo, Gabriel Vicente Garcete Zorrilla, Ricardo Arévalos Santander y Jonatan Brito Alves.
A la fecha, más de treinta fugados han sido recapturados y uno murió en un tiroteo con la Policía.