Desde el Consejo de la Magistratura (CM) emitieron un comunicado, a través del cual se pone en conocimiento a la opinión pública y a la ciudadanía en general que, las irregularidades detectadas en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia fueron detectadas mediante los mecanismos de control aplicados.
En ese sentido, la institución refirie que la detección de los documentos supuestamente adulterados fue posible mediante la intervención ciudadana y las observaciones públicas, durante el proceso de concurso de los postulantes para las vacancias en el sistema de justicia.
Desde el órgano se expuso que, ante la detección de irregularidades se impulsó una investigación interna con la intervención de una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas de la institución. Es así que, tras corroborar los indicios, se realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
En forma paralela, el Consejo de la Magistratura adoptó medidas administrativas inmediatas, incluyendo sumarios, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica, según el escrito.
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Por último, señalaron desde el CM que “estos hechos corresponden a responsabilidades individuales”, empero el funcionamiento de los mecanismos de control de la institución permitieron detectar estas irregularidades.
Jueza, exjuez, funcionarios fiscales y del CM, imputados por escándalo
El fiscal Leonardi Guerrero imputó por producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, a una exactuaria judicial de Curuguaty, un asistente fiscal de Coronel Oviedo, un exmagistrado judicial y a una actual jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero.
También son investigados, pero en calidad de cómplice, un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura, y como instigador, un funcionario de la Escuela Judicial del CM.
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Se trata así de:
- Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de PJC;
- Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado;
- Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty.
- Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo;
- Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo con 15 años de antigüedad en el Consejo de la Magistratura y
- Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial, con más de 20 años de servicio, pero que renunció hace pocos meses.
La causa se tramita en el juzgado penal de garantías N° 7, a cargo de Miguel Palacios.
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Modus operandi con los documentos e hipótesis
El fiscal Leonardi Guerrero sostiene como hipótesis inicial que con el fin de sumar puntos de cara a las evaluaciones y eventualmente integración de ternas para cargos judiciales, fiscales o defensores públicos, se utilizaron documentos académicos presuntamente adulterados.
Entre estos se citan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
“Las indagaciones de la Unidad Penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web”, cita la Fiscalía.
Finalmente, la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el Rafael Prieto y Tomás Ávalos, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.