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El Ing. Derlis Cabrera Báez, director general de Control de Obras Públicas, Antonio Ocampos Pérez, director de Control de Obras de los Organismos Departamentales y Municipales, y Santiago Gosling, supervisor, fueron imputados por frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autores.
Los mismos fueron imputados por las fiscalas Blanca Agüero, Fabiola Molas, y Carolina Sánchez, luego de que la Fiscalía recibiera el informe que detallaba quiénes fueron los responsables de fiscalizar las obras financiadas por el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y ejecutadas en el Colegio Nacional de Lambaré. Un aula terminó desplomándose sobre los alumnos en plena jornada escolar.
Según el acta de imputación, sobre estas tres personas recae la responsabilidad de informar sobre las irregularidades en la ejecución de la obra, omisión que desembocó en el derrumbe, por lo que -a criterio del Ministerio Público- existen suficientes elementos para involucrar en el caso a estos tres altos funcionarios.
Por esta misma causa también está imputado por el hecho punible de actividades peligrosas en la construcción Alejandrino Duarte Centurión, propietario de la empresa ADC Construcciones, responsable del levantamiento del aula siniestrada.
La pericia encargada por el Ministerio Público reveló la deficiencia con la que fue edificada la estructura y la mala calidad de los materiales de construcción que fueron empleados en la misma. Además, se constató una sobrefacturación de G 85.598.041 en dicha obra.
Roberto Cárdenas está procesado, además del derrumbe, por la licitación supuestamente irregular para la adquisición del almuerzo y merienda escolar, y por el supuesto pago por una obra vial que no se realizó.