La Contraloría General de la República (CGR) reconfirmó las millonarias irregularidades detectadas en la Gobernación de Alto Paraguay, administrada por el colorado velazquista José Domingo “Mino” Adorno, quien aspira a volver a la Cámara de Diputados. La institución destinó G. 2.200 millones del fondo de emergencia sanitaria a obras en iglesias y entregó el dinero para obras a una organización que no se dedica al rubro.
El diputado cartista Erico Galeano es el último de una larga lista de casos en los que funcionarios públicos “olvidan” incluir sus activos en sus declaraciones juradas. Desde departamentos en la playa, pasando por empresas de portafolio, cuentas bancarias e inmuebles municipales que quedaron en manos de políticos. Son numerosas las historias de bienes que fueron escondidos por sus propietarios y muchos siguen impunes.
El informe final de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la fiscalización de obras hechas por la Gobernación de Central cita una serie de groseras irregularidades. Según el gobernador Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, los trabajos fueron pagados con un millón de dólares del fondo de emergencia por la pandemia covid-19, pero las obras ya existían antes del desembolso.
La Contraloría General de la República comunicó al Colegio de Escribanos del Paraguay, luego de realizar una fiscalización especial inmediata determinó que G. 26.837.598.672 es el monto que el gremio no le transfirió a la Corte Suprema de Justicia por la venta de materiales de uso notarial. La Corte le demandó por rendición de cuentas por más de G. 49.000 millones.
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El contralor Camilo Benítez recordó que el proyecto de ley que habían presentado para facilitar la publicación de Declaraciones Juradas (DD.JJ.), no recomienda eliminar las sanciones penales a los que rectifiquen o falseen datos. Modificación hecha por Honor Colorado (HC) habilita impunidad.
En diciembre de 2021 se convocó la conformación de una mesa de trabajo entre auditores y asesores jurídicos de la Contraloría General de la República para analizar las observaciones, evaluaciones, descargos y ratificaciones del informe final de auditoría sobre la ejecución de un millón de dólares que la Gobernación de Central supuestamente desvió a través de organizaciones no gubernamentales. En caso de confirmarse algún indicio de hecho punible, se informará al Ministerio Público.