La industria paraguaya vive una situación crítica debido a la creciente deuda flotante que mantiene el Estado con sus proveedores, particularmente en los sectores farmacéutico y de la construcción (US$ 950 millones de deuda). El problema central: desequilibrio entre el gasto público y la asignación presupuestaria, la ampliación de capacidad en servicios sin respaldo económico y un marco fiscal desactualizado que agrava la falta de disponibilidad presupuestaria y deriva en una deuda que crece sin soluciones.
El sector farmacéutico proyecta un cierre desafiante para el 2025 debido a la creciente deuda que mantiene el Estado paraguayo. Luis Ávila, secretario general de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), conversó con ABC Negocios sobre el impacto del pasivo acumulado, una constante histórica que se ha profundizado por el crecimiento acelerado de los servicios de salud sin un presupuesto real.
Servicios multiplicados, presupuesto insuficiente
Ávila señaló que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ampliaron significativamente su capacidad en los últimos años: más hospitales, más medicamentos, más estudios y más cobertura. “Eso está muy bien desde el punto de vista sanitario, pero el presupuesto no acompaña ese crecimiento. En salud, las necesidades son infinitas y los recursos limitados”, afirmó.
En este escenario, la deuda ya representa cerca del 50% de la facturación anual de las empresas farmacéuticas, tanto importadoras como fabricantes nacionales.
Impacto financiero: tasas duplicadas desde 2024
La falta de pago afecta directamente el flujo de caja y obliga a las compañías a recurrir a financiamiento bancario. Sin embargo, hoy enfrentan un costo mayor: las tasas actuales son el doble de las registradas en diciembre de 2024, lo que encarece la operación y agrega presión sobre la cadena productiva.
Ávila agregó que el desarrollo de nuevos productos “demora al menos 1 año”, lo que requiere inversiones sostenidas y una planificación clara. La incertidumbre, subrayó, “es un enemigo para los proveedores extranjeros”, quienes demandan previsibilidad tanto en producción como en pagos.
Empleo estable, pero pequeñas empresas en riesgo
A pesar del complejo escenario financiero, el sector no experimenta inestabilidad laboral. “Son empresas de muchos años, con estructuras sólidas”, explicó Ávila. No obstante, advirtió que las compañías más pequeñas o de reciente ingreso sí están enfrentando dificultades.
Las industrias continúan reinvirtiendo gran parte de sus utilidades para mantener estándares exigidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto en infraestructura como en equipamiento. Aunque algunos proyectos podrían retrasarse, el proceso no se detiene.
Ávila confirmó que existe un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se mantienen reuniones permanentes con Salud para el seguimiento mensual de los pagos. Además, destacó la necesidad de que el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonaress) asuma costos de pacientes crónicos y diálisis para aliviar el presupuesto.
Sobre un posible ajuste en precios o disponibilidad de medicamentos, aseguró que “los contratos abiertos no permiten modificar precios y las nuevas licitaciones se basan en el último precio adjudicado”, por lo que no se prevén cambios. “Este escenario no es nuevo. Debemos sentarnos todos los sectores y buscar soluciones para un problema viejo”, concluyó.
Deuda de US$ 350 millones afecta infraestructura civil y empleo
Por su parte el Ing. José Luis Heisecke, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), dijo que el monto pendiente de pago por obras ya ejecutadas alcanza US$ 240 millones, al que se suman aproximadamente US$ 110 millones en intereses. Estos intereses continúan incrementándose mensualmente, reflejando compromisos que las empresas asumieron para sostener la continuidad de los proyectos.
Los atrasos comenzaron a finales de 2023, pero se agravaron con fuerza en 2024 y 2025, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria y a un marco fiscal que, afirma Heisecke, “ya no responde a la realidad económica del país”. Esto derivó en una deuda flotante que crece sin soluciones concretas.
La mora afecta obras viales, mantenimiento, infraestructura civil y proyectos financiados con fondos del Tesoro. En todos los casos, los certificados fueron aprobados pero no pagados.
Esta situación genera un inmediato ahogo financiero: las empresas no pueden cumplir con proveedores, subcontratistas ni bancos. La consecuencia es la caída de calificaciones crediticias y un efecto dominó en toda la cadena de valor.
Entre 25% y 30% de las obras serían reducidas
Heisecke advirtió que el sector se encuentra en una situación límite. Casi todas las empresas están afectadas y varias entraron en convocatorias de acreedores. Estiman que entre el 25% y el 30% de las obras serían reducidas o directamente paralizadas por falta de liquidez.
El impacto en el empleo también es directo: hay reducción de personal, suspensiones y dificultades para sostener planillas. “La construcción es uno de los mayores empleadores del país y miles de familias ya están siendo afectadas”, afirmó.
Pymes en riesgo de desaparecer
Las pequeñas y medianas empresas son las más golpeadas. Muchas tienen más de 20 años de trayectoria, pero están financieramente asfixiadas. Sin capital para soportar meses de atraso, la postergación del pago de intereses las coloca al borde del cierre definitivo. Capaco mantuvo reuniones con autoridades y presentó informes y propuestas, pero hasta ahora no existe un cronograma de pago claro.
La falta de acción podría derivar en quiebras, mayor paralización, pérdida de empleos y un costo aún mayor para el Estado debido al crecimiento constante de los intereses. Heisecke sostiene que el país necesita dos medidas urgentes: un sinceramiento real de la deuda y un plan de pagos inmediato y ejecutable, solo así podrá frenarse el deterioro del sector y garantizarse la continuidad de obras esenciales.