En términos de desarrollo, las alianzas público‑privadas (APP) tienen un peso fundamental porque permiten al Estado convertir proyectos estratégicos en obras y servicios sin depender íntegramente del ciclo fiscal. La inversión se organiza en contratos de largo plazo con responsabilidades claras, metas de desempeño y mantenimiento exigible, lo que puede acelerar proyectos como corredores logísticos, mejorar seguridad vial y sostener estándares durante décadas. Cuando está bien diseñada, una APP también ordena el riesgo, donde el privado adelanta capital y ejecución, mientras el Estado paga por resultados verificables.
El tema vuelve al centro del debate porque el país necesita acelerar inversiones críticas —viales y de accesos metropolitanos— sin concentrar todo el costo en el presupuesto del año. La Ley Nº 7452/2025 actualizó el régimen y, en 2026, la discusión pasó a la agenda con la firma de la APP para la ampliación y mejoramiento de la ruta PY01 (Cuatro Mojones–Quiindy) y se activan nuevas obras vinculadas al corredor vial que integra la ruta PY02, mientras se preparan otras iniciativas para los próximos llamados.
Reglas nuevas para destrabar inversión
Así como la Ley Nº 7452/25 modernizó el régimen de APP, también amplió el margen fiscal para estructurar proyectos grandes. El límite de compromisos en valor presente neto pasó del 2% al 4% del PIB, y el tope anual de pagos firmes y contingentes cuantificables subió del 0,4% al 0,8% del PIB. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pasa a asumir un rol rector para alinear evaluación, riesgos y sostenibilidad fiscal.
En la práctica, la reforma busca que la APP se decida como política económica y no solo como licitación, es decir, cuánto riesgo toma el Estado, bajo qué condiciones paga y cómo se protege el presupuesto futuro. En contratos de largo plazo, la clave no se centra en construir; se trata de garantizar disponibilidad, mantenimiento y niveles de servicio medibles, con penalidades claras y aplicables.
PY01: una concesión de 30 años con pagos diferidos
En detalle, el 5 de enero de este año se firmó el contrato de APP para ampliar, rehabilitar y modernizar la ruta PY01 en el tramo Cuatro Mojones–Quiindy. La inversión prevista es de US$ 414 millones y la concesión se extiende por 30 años, con operación y mantenimiento incluidos.
En términos de procedimiento, fue el primer contrato de APP adjudicado aplicando la modalidad de diálogo competitivo, un mecanismo pensado para afinar el pliego con los oferentes y equilibrar mejor los riesgos antes de recibir la oferta final.
Igualmente, la estructura financiera incorpora Pagos Diferidos de Inversión (PDI) por US$ 24.000.000, a ser pagados en cuotas semestrales durante 15 años. Estos pagos empiezan a devengarse desde la puesta en servicio provisional, no durante la construcción. El diseño obliga al concesionario a invertir y movilizar capital antes de que el Estado comience a reconocer la retribución.
El punto crítico para el sector público pasa por la fiscalización: indicadores, auditorías y un sistema de sanciones que se aplique sin excepciones si la ruta no está disponible o no cumple estándares. Para la economía, el proyecto es más que asfalto, ya que casi 35.000 vehículos urgen de esta mejora que permitirá un 92% de aumento en la capacidad de la ruta.
PY02: de autopista interurbana a red metropolitana
Otra obra emblemática hace alusión al contrato APP del corredor vial integrado por la ruta PY02, firmado en 2017, el primer gran proyecto vial bajo este esquema. Además de la duplicación y puesta a punto del eje Asunción–Ciudad del Este, el acuerdo incorporó adendas para sumar obras de conexión metropolitana, que pasan a ser un foco operativo clave en 2026.
El componente más visible es la autopista urbana elevada de 3,6 kilómetros que conectará las avenidas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi, con dos calzadas y cuatro carriles. El paquete suma variantes y nuevas conexiones a la PY02 para mejorar la accesibilidad desde Luque, Areguá, Ypacaraí y el entorno de San Bernardino. El financiamiento cerrado supera los US$ 215 millones y el plazo de ejecución anunciado es de 30 meses.
Cabe entender que en este tipo de obras, la ejecución no depende solo de la ingeniería y los cronogramas, también inciden los permisos, la coordinación ambiental y urbana, la comunicación con municipios y la gestión coherente de afectaciones. En la práctica, estos factores pasan a definir realmente los ritmos de obra, costos y tiempos de puesta en servicio.
Lo que se avizora en la agenda 2026
Paraguay ya vivió etapas donde varias APP no llegaron a ponerse en marcha. El intento de modernizar el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi vía APP terminó cancelado tras observaciones de la Contraloría, dejando entrever la necesidad de contar con proyectos realmente creíbles, que generen competitividad y costos razonables de financiamiento.
De cara al ejercicio en curso, el MOPC reportó avances en estudios para estructurar la duplicación de la ruta PY06 bajo modalidad APP, contemplando tramos a duplicar, terceras pistas en sectores críticos, un bypass en Santa Rita y el mantenimiento integral del corredor. Si se concreta, ampliará el mapa de la inversión privada más allá del eje metropolitano y reforzará el corredor Itapúa–Alto Paraná, donde la presión logística ya es estructural.