El 20 de junio pasado, una ambulancia de los bomberos azules de Tomás Romero Pereira quedó atascada en el fango a apenas cinco kilómetros del microcentro. Una mujer de 31 años esperaba ser rescatada. Los voluntarios trabajaron más de una hora para sacar el vehículo de la cuneta, y para cuando lo lograron, ya no pudieron cumplir con el servicio. Fue otra compañía, con una camioneta 4x4, la que finalmente pudo trasladarla al Hospital Distrital de María Auxiliadora.
Lo más grave de este episodio no es lo que ocurrió, sino lo que revela. El 12 de octubre de 2025, la misma ambulancia quedó varada en el mismo tramo, por el mismo motivo. Es decir, la raíz del problema sigue sin solución.
El camino en cuestión es utilizado a diario por más de mil rodados, según los lugareños. Es la arteria que conecta a familias enteras —agricultores, trabajadores, estudiantes— con los servicios básicos del distrito. Que ese camino se vuelva intransitable con cada lluvia no es un accidente de la naturaleza; es el resultado de años de desidia institucional. Según los propios vecinos, la municipalidad no interviene hace largo tiempo. Son los mismos pobladores quienes cada año gestionan ripio para arreglar lo que las autoridades ignoran.
Lo indignante es que en 2024 la municipalidad invirtió más de 600 millones de guaraníes en ese camino, o al menos eso se facturó. La Junta Municipal denunció estas irregularidades, que las obras habrían sido realizadas con maquinaria pública, pero facturadas a nombre de una empresa privada. El caso nunca fue investigado. El dinero se fue, el camino sigue igual.
Este patrón es el verdadero obstáculo al desarrollo de las comunidades rurales de Itapúa. No basta con tener escuelas o puestos de salud si los caminos no permiten llegar a ellos. La conectividad vial es condición esencial para lograr el acceso a la salud, a la comercialización de la producción agrícola y a la participación en la vida económica y social.
La desidia de las autoridades permea varios ámbitos de la vida en las comunidades. Tras el reclamo público de esta situación, en el año 2025, los bomberos azules dejaron de recibir el aporte municipal que les corresponde por ley. Llevan casi diez meses sin desembolsos de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios. La hipótesis que manejan es que se trata de un “castigo” por haber alzado la voz. Si eso es así, estamos ante algo más que negligencia. Se trataría de una represalia contra quienes intentaron proteger a sus vecinos.
El desarrollo de Itapúa no puede seguir dependiendo de que una camioneta 4x4 esté disponible cuando una ambulancia no puede pasar. Las comunidades rurales merecen caminos que funcionen los 365 días del año, no solo en épocas de campaña electoral.
La mujer de 31 años llegó al hospital. Esa vez, tuvo suerte. Pero el fango sigue ahí y no sabemos cuántos fueron los que no tuvieron esa misma oportunidad.
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