El dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), bajo la gestión de Agustín Encina, fue contundente al ordenar la remisión de cuatro puntos de las denuncias contra el Consorcio Hospiclean (integrado por Mimbi SA y Consermar) a la Dirección de Verificación de Contratos. El objetivo es que esta dependencia abra una investigación formal sobre cómo el grupo empresarial ejecuta el millonario servicio en el Instituto de Previsión Social (IPS), actualmente presidido por Isaías Fretes.
Los ejes de la fiscalización se enfocan directamente en la calidad del servicio y apuntan a un presunto esquema de engaño institucional basado en irregularidades documentales, insumos deficientes y un grave riesgo sanitario.
Con respecto al primer frente de sospecha, la denuncia presentada ante la DNCP revela que el consorcio, representado por Mariela Carolina Molas y José Manuel González, no habría presentado los documentos obligatorios exigidos por el pliego de bases y condiciones (PBC) para tramitar los cobros ante la previsional. Específicamente, se detectó la falta de las nóminas reales del personal afectado, las declaraciones juradas de salarios ante el propio IPS y los extractos bancarios que demuestren que los trabajadores perciben efectivamente sus haberes.
A este descontrol administrativo se suma que la firma estaría utilizando productos de limpieza de menor calidad o completamente diferentes a los ofertados y aprobados en los pliegos de bases y condiciones (PBC), abaratando costos de forma irregular en perjuicio del IPS.
El dictamen jurídico igualmente detalla que las denuncias mencionan severas fallas en la higiene de los bloques médicos, reportándose incluso la presencia de alimañas y un estado de insalubridad generalizada en distintas áreas del Hospital Central del IPS.
Finalmente, el documento pide indagar sobre la denuncia de un presunto esquema de personal “fantasma” y manipulación de funciones, ya que Hospiclean operaría con menos limpiadores de los exigidos por contrato. Para tapar estos baches, la empresa trasladaría de forma improvisada a empleados de sectores generales hacia áreas de alta complejidad, como las unidades de terapia intensiva (UTI), violando abiertamente los protocolos de bioseguridad y poniendo en riesgo la seguridad sanitaria de los pacientes.
Al Ministerio de Trabajo
Por otro lado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la DNCP también remitió una parte de las denuncias recepcionadas contra el mismo consorcio al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Se trata de los presuntos incumplimientos de obligaciones laborales y de seguridad social.
Según la denuncia, la firma supuestamente paga sueldos muy por debajo del salario mínimo legal, pero declara montos superiores ante la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS. “El Consorcio Hospiclean, a sabiendas de que no abona el salario mínimo legal vigente a sus trabajadores (...) no presenta las documentaciones exigidas en las bases de la licitación para acreditar el cumplimiento del pago”, denunciaron.