Prácticamente no transcurre un día sin que nuevas denuncias y escándalos públicos pongan en entredicho la credibilidad de nuestros gobernantes. Su reiteración ha instalado en la ciudadanía un sentimiento más peligroso que la indignación: la decepción y el desencanto ante un poder que parece haber dejado de servir al bien común para convertirse en instrumento de beneficio particular.
La antigua República romana reconocía virtudes esenciales para el ejercicio de las responsabilidades públicas: la virtus, como excelencia moral; la fides, como buena fe; la gravitas, como responsabilidad, y la frugalitas, como moderación. Eran principios que exigían que la dignidad del cargo estuviera acompañada de la integridad de quien lo ejercía.
¡Qué distante parece aquella concepción de ciertas prácticas de nuestra realidad republicana!
Hoy preocupa que la función pública pueda convertirse en trampolín hacia fortunas difícilmente alcanzables sin las influencias y oportunidades que proporciona el poder. Pareciera olvidarse que los gobernantes no son propietarios del Estado ni de sus bienes, sino administradores circunstanciales de un patrimonio que pertenece a todos los paraguayos.
El reciente debate sobre los depósitos de fondos públicos y del Instituto de Previsión Social en Ueno Bank, así como las actuaciones del Banco Central del Paraguay, constituyen un ejemplo de la necesidad de transparencia. Las informaciones difundidas han planteado interrogantes que merecen explicaciones claras y verificables. El Banco Central reconoció que se había superado un límite regulatorio, sostuvo que la situación fue corregida dentro del plazo legal e informó sobre actuaciones de supervisión relativas a otras operaciones. La entidad financiera ha defendido la legalidad y transparencia de sus procedimientos.
Sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidades o responsabilidades, corresponde esclarecer si las decisiones respondieron a criterios exclusivamente técnicos, si existieron conflictos de intereses y si los organismos de control actuaron con la independencia debida.
La independencia institucional no puede confundirse con ausencia de control ni el secreto bancario convertirse en un obstáculo absoluto para la rendición de cuentas sobre la administración de recursos públicos.
Nuestra Constitución, en sus artículos 101 y 106, recuerda que los funcionarios están al servicio del país y que ninguno está exento de responsabilidad. Sin embargo, cuando la lealtad partidaria se antepone al interés general, las mayorías políticas sirven para eludir controles en lugar de ejercerlos, cuando las instituciones corren el riesgo de quedar subordinadas a las conveniencias de quienes circunstancialmente mandan y el prebendarismo sustituye al mérito terminando valiendo más que la capacidad, la honradez, algo común en nuestro medio, la democracia conserva sus formas, pero pierde sustancia.
Así se alimenta un círculo vicioso: el poder distribuye beneficios, los beneficiarios sostienen al poder y la ciudadanía termina soportando las consecuencias. La reiteración de estas prácticas erosiona la confianza pública hasta transformar la indignación en resignación. Y pocas cosas resultan más peligrosas para una República que una sociedad que termina considerando normal aquello que debería exigir que se investigue y corrija.
La responsabilidad, sin embargo, no recae solamente en los gobernantes. También compromete a los partidos políticos, los organismos de control, la justicia y a una ciudadanía que no puede tolerar ni justificar aquello que dice repudiar.
Tampoco bastará con sustituir personas si las alternativas reproducen los mismos vicios. El verdadero cambio no es simplemente de gobernantes, sino de principios, de conducta y de concepción del poder.
Recuperar las virtudes republicanas significa comprender que la honestidad no es un mérito extraordinario, sino una obligación elemental; que administrar correctamente los bienes públicos constituye un deber y que someterse al control ciudadano es una exigencia de legitimidad.
Ningún cargo debería ser fuente de enriquecimientos inexplicables, ninguna mayoría política debería dispensar privilegios y ninguna institución de control debería convertirse en escudo de quienes tiene la obligación de fiscalizar.
Alguna vez, quienes ejercen el poder deberían comprender que la verdadera grandeza de un gobernante no se mide por las fortunas que acumula ni por los negocios que florecen a su sombra, sino por la honestidad, la integridad y la responsabilidad con que administra los bienes que pertenecen a todos. La República no necesita gobernantes que se crean dueños del Estado, sino servidores públicos que entiendan que el poder es transitorio, el cargo no es patrimonio personal y las consecuencias de sus actos perduran mucho después de haberlo abandonado.
Cuando el poder se despoja de la ética y sus gobernantes convierten la función pública en instrumento de privilegios y enriquecimiento, no solo pierden su dignidad quienes gobiernan: se envilece la autoridad, se corrompen las instituciones y se traiciona la esencia misma de la República.
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