6 de noviembre de 2026

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), denunció ante el Ministerio Público a la senadora Zenaida Delgado (transfuga ANR), por la presunta venta de cargos en el Poder Legislativo. Los autos están caratulados “Zenaida Delgado s/ tráfico de influencias y otros”. Las compras de los cargos, que se habrían realizado a un costo de entre 50 y 100 millones de guaraníes, se habrían hecho transfiriendo a la vendedora los montos de las bonificaciones cobradas por tres contratadas de su despacho, que cuenta con unos veinte “servidores públicos” y tiene como jefe a un bachiller, sobrino de la senadora. Estaría en marcha la pérdida de investidura de la legisladora debido a la trama que, según el Ministerio Público, habría replicado una montada en el IPS, por obra de Fátima Agüero, exasesora de Zenaida Delgado. El hecho de que el Congreso sea el marco de la práctica le añade mayor gravedad: los representantes del pueblo se llenarían los bolsillos traficando con puestos que solventan sus representados, como si no les bastaran las jugosas dietas que cobran a cambio de muy poco.

Hay lugares que, con el tiempo, dejan de ser lo que prometieron ser. El Senado de la República, esa casa que debería custodiar la palabra pública, ha ido convirtiéndose en otra cosa: un recinto donde el silencio se compra y el favor se cobra. La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) lo dijo sin reparos. “Están usando el Parlamento como un aguantadero”. Y en esa frase, dicha con la voz de quien ya no tiene ganas de adornar la verdad, resuena algo más hondo que una denuncia: el cansancio de un país que ve cómo sus instituciones se vuelven refugio de quienes deberían servirlas. El caso de Zenaida Delgado (transfuga colorada) no llega como un rayo en cielo sereno. Llega como la repetición de una música que ya conocíamos. Tres funcionarias relatan, con la precisión de quien ha llevado las cuentas, un esquema de peajes salariales, de sumas que trepan a los cien millones de guaraníes por un nombramiento, de préstamos que la propia legisladora habría gestionado para asegurarse el cobro. Hace tiempo que nuestro país no atraviesa una sucesión tan densa de escándalos.
Días pasados, un poblador de la zona de Bahía Negra pedía que se investigue a las autoridades salientes de la Municipalidad por supuestos hechos de corrupción. Esto, teniendo en cuenta que el intendente saliente, Joao Ferreira (ANR), deja el cargo tras diez años de absoluto abandono del mencionado distrito, una situación similar a la que se registra en los demás municipios del Alto Paraguay.

El Tribunal de Conducta del PLRA indaga a afiliados por desacatos en las elecciones municipales, mientras mantiene frenada la desafiliación de políticos con condenas firmes por corrupción. Estos son los antecedentes del caso.