corrupción

NUEVA DELHI. El ministro de Educación de India, Dharmendra Pradhan, dimitió en el sexto día de protestas estudiantiles lideradas por el movimiento de las “cucarachas” contra una serie de irregularidades en exámenes universitarios.

La elección del próximo contralor general de la República se está convirtiendo en otro ejercicio de simulación democrática. Mientras el país necesita con urgencia un órgano de control independiente, técnico y valiente, lo que se observó en las audiencias del Senado fue un trámite ritual, con bancas vacías, preguntas tibias y un debate que giró más alrededor del color partidario que de la capacidad real de fiscalizar el uso del dinero público. No es un cargo menor. La Contraloría General de la República es, en teoría, el último dique extrajudicial de contención contra el despilfarro, la corrupción y la impunidad. Es la institución que debería auditar con rigor a Itaipú, a Yacyretá, a los ministerios, a las municipalidades, a las gobernaciones y a todos los entes que manejan recursos del pueblo paraguayo. En la práctica, sin embargo, ha sido durante años un botín político más, ocupado por figuras que raramente incomodaron al poder de turno. Esa historia de debilidad institucional es precisamente lo que no puede repetirse.

La Fiscalía allanó tres establecimientos por el caso conocido como la “mafia del asfalto”, que investiga el presunto uso de bienes municipales en obras privadas en Asunción.

El designado interventor de la Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción confirmó que un funcionario de la dependencia, cuyo número telefónico coincide con la factura de la sospechosa firma “AP Construcciones”, fue separado del área y puesto a disposición de Recursos Humanos. Además, reveló una reducción en el consumo diario de combustible tras el inicio de la investigación.

La inseguridad sigue siendo un tema apremiante, según puede inferirse de nuevos graves delitos cometidos en los últimos días, pero que se suceden permanentemente. El más reciente afectó en la madrugada de ayer nada menos que a un depósito de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), situado en el complejo Gical de Mariano Roque Alonso: tras herir a un policía, cuatro de los más de una decena de atracadores se llevaron 59 cajas de fármacos inyectables y teléfonos móviles incautados, que había traído un camión tras un frustrado asalto el 1 de julio, en Yataity del Norte (San Pedro). Otros hechos también se han registrado en los últimos tiempos, que involucran a agentes de la propia institución policial. Es preciso borrar con los hechos del vocabulario nacional la aberrante palabra “polibandi”, hoy arraigada por motivos comprensibles. La Dirección General de Asuntos Internos y la de Inteligencia Policial tienen mucho que hacer para limpiar la casa, suponiendo que no estén infectadas: si lo estuvieran, habría que empezar por ellas. Lo cierto es que, tal como se ven las cosas, la PN está lejos de cumplir con su misión constitucional de preservar los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes.