corrupción

La pregunta que seguramente debe hacerse buena parte de la ciudadanía paraguaya es si Santiago Peña tenía desde un principio intenciones de asumir la conducción del Estado solo para beneficiarse económicamente o si su caso cae en aquello de que “la ocasión hace al ladrón”.

BRASILIA. El ministro de Comunicaciones de Brasil, José Juscelino Filho, renunció este martes al cargo luego de que la Fiscalía lo imputara ante la Corte Suprema por supuestos desvíos de recursos públicos durante su anterior mandato como diputado federal.

Tres días de pacíficas manifestaciones ciudadanas han evidenciado un divorcio entre gobernantes y gobernados que, si no fuera subsanado mediante una clara reorientación de las políticas públicas y de las conductas de sus responsables, podría llevar a una situación tanto o más crítica como la causada a inicios de 2017 por el intento de violar la ley suprema en aras de una reelección presidencial. A propósito, el senador Basilio Núñez (ANR, cartista) cree desde ya que Santiago Peña debería ser reelecto porque “estamos mejor”, dando como ejemplo –horas antes de que ocho criminales se fugasen de la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú– que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú fue recuperada de manos del Clan Rotela. Dada la notoria autocomplacencia del cartismo, es de temer que pretenda repetir aquella triste historia dándole un final distinto, buscando no fracasar esta vez, en vez de hacer una autocrítica al influjo de las protestas y los reclamos de la gente.

En la semana que acaba de terminar se llevó adelante una de las más grandes marchas ciudadanas contra el Gobierno que apenas lleva poco más de un año y medio en el poder y, sin embargo, ya congregó a varios grupos sociales disconformes que claman una respuesta a las necesidades básicas. Entre los sectores convocados y pese a la lluvia que cayó fuertemente en la zona de la capital, se encontraron adultos mayores, personas con discapacidad, jubilados, campesinos, pueblos indígenas, representantes de partidos de la oposición, del sector de salud y ciudadanos que se sumaron al descontento popular cada vez más generalizado. La marcha nacional, según sus protagonistas, se alzó de forma pacífica en contra de la corrupción y la impunidad que “ornamentan” el gobierno de Santiago Peña y que impiden que los paraguayos y paraguayas “estén mejor” ya que, hasta ahora, solo ciertos privilegiados lograron ese propósito a costa del ciudadano común. Además de eso, acusaron a las autoridades de usar las represas hidroeléctricas binacionales para sus “negociados”.

La alevosa manera en que funcionarios penitenciarios del Ministerio de Justicia liberaron a ocho peligrosos delincuentes del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú desnudó varias falencias de la penitenciaría, pero, por sobre todo, la grave corrupción que campea en instituciones estatales.