La expresión “TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A ROMA” tiene claro origen histórico. Se remonta al Imperio Romano, época en la que Roma era el centro del mundo conocido dominando la mayor parte de Europa. Literalmente, una red de caminos construidos por los romanos que conectaba eficazmente la capital con todos los rincones del imperio, haciendo de Roma un punto de llegada inevitable. Todos ellos tenían su inicio o su final en Roma.
La expresión “¡Viva la Pepa!”, nacida en el contexto de la Constitución de Cádiz de 1812, fue en su origen un grito de libertad contra el absolutismo, un reclamo popular que buscaba limitar el poder arbitrario de la monarquía y afirmar la soberanía ciudadana. Representaba un ideal de orden institucional y la esperanza de un pueblo que exigía respeto a sus derechos fundamentales.
La Real Academia Española define al abogado como aquel licenciado en Derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento jurídico y ejerce la defensa de las partes en procesos judiciales o administrativos. Esa definición, aparentemente sencilla, encierra siglos de evolución histórica y cultura.
La historia recuerda a Maximilien Robespierre como “El Incorruptible”, un hombre de convicciones férreas, de una moral rigurosa y de una lealtad ideológica e inquebrantable a la virtud que no admitía fracturas. En plena Revolución Francesa sostuvo que “la compasión es traición” y justificó el terror como justicia pronta, severa e inflexible. Su radicalidad, aunque sangrienta, se convirtió en símbolo de la necesidad de purificar la política de abusos y corrupción.
La historia es clara y nos enseña que las sociedades perecen y colapsan cuando sus líderes abandonan los principios fundacionales y traicionan el contrato social que las sostiene. Roma se hundió por la corrupción estructural, la compra de voluntades y la incompetencia de no solo sus emperadores que olvidaron su rol moral sino del propio Senado romano. Grecia se desgarró en guerras fratricidas y en la impiedad de quienes confundieron poder con privilegio. Hoy, los paralelismos son innegables, evidentes y dolorosos.
Si hay algo que quienes administran la cosa pública no quieren entender, es más, les molesta, es que la administración de lo público exige transparencia y rendición de cuentas. La Constitución y las leyes imponen la obligación de transparencia, porque los fondos públicos, algo que les pasa por la tangente en particular a este gobierno, pertenecen a todos. Esquivar respuestas frente a cuestionamientos legítimos es una negación de ese deber.
Fue publicitada en los medios la muerte de una niña indígena de 3 años por desnutrición severa y deshidratación crónica, publicación para la nada. Resulto ser prueba inhumana de que, para el Estado, el gobierno, no existe.