11 de agosto de 2026
Gobierno
El crimen organizado no solo quiere vender drogas, también quiere gobernar
El juez Osmar Legal realizó algunas declaraciones en ABC Cardinal, que no constituyen una opinión aislada ni un diagnóstico académico de escritorio. Puede considerarse que son una advertencia cruda, lanzada en pleno corazón de la campaña electoral municipal. El magistrado especializado en la lucha contra el crimen organizado lo dijo sin eufemismos: “Las redes criminales funcionan como verdaderas empresas. Generan, según estimaciones basadas en datos de la Senad, Seprelad y otras fuentes oficiales y privadas, un perjuicio anual al país de entre 1.800 y 4.000 millones de dólares”. Señaló que ese dinero no se esfuma. Se invierte en inmobiliarias, ganadería, agricultura, comercio… y también en política. A partir de esta radiografía del juez Legal, la realidad que muchos prefieren negar o maquillar se vuelve ineludible. El crimen organizado ya no opera solo en las sombras. Penetra la economía formal, lava capitales a escala industrial y financia campañas políticas.
El CIP advierte sobre pérdida de paciencia empresarial hacia el Gobierno
El presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot, advirtió que en algunos sectores comienza a evidenciarse una pérdida de paciencia hacia el Gobierno, ante la falta de decisiones sobre temas estructurales como gasto público y reformas, en un escenario marcado por el clima electoral.
Cuestionan al Gobierno y tildan de falacia el crecimiento económico ante suba de combustibles
AYOLAS. El dirigente social y abogado Vidal Cáceres cuestionó el discurso del Gobierno sobre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, calificándolo de “falacia”. Señaló que el reciente incremento del precio de los combustibles impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables, especialmente en la clase media hacia abajo. Según indicó, este aumento repercute directamente en el costo de vida, afectando el traslado diario de los trabajadores y encareciendo múltiples servicios básicos.
Salarios públicos crecen 21,8% desde 2023 y hasta casi 80% de ingresos se destinan al pago en 2026
A partir del inicio del actual Gobierno (agosto 2023), la evolución de la remuneración a los empleados de la Administración Central del Estado muestra una trayectoria que plantea interrogantes sobre su sostenibilidad frente a los ingresos tributarios que la financian.
El Gobierno debe asumir sus responsabilidades sin excusas
Altas autoridades del Gobierno, comenzando por el propio presidente Santiago Peña, se reiteran en compararse con la administración anterior –la cual, encima, pertenece al mismo partido político– a la hora de autoevaluarse. Últimamente volvieron a hacerlo el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, para justificar los atrasos en los pagos a proveedores y contratistas del Estado, y el presidente del IPS, Jorge Brítez, para defenderse ante la Comisión Permanente del Congreso de los fuertes cuestionamientos a su gestión. Podría entenderse al inicio, pero no cuando ya ha transcurrido más de la mitad del mandato. Los altos cargos conllevan altas responsabilidades y quienes los desempeñan tienen que asumirlas sin excusas y sin culpar a nadie si no se cumplen los objetivos. Y el máximo responsable de lo que ocurra en la administración del Estado ya no es Mario Abdo Benítez, sino Santiago Peña, quien ejerce unipersonalmente el Poder Ejecutivo, según lo establece la Constitución Nacional.
El desafío del Gobierno de blindar a la clase media
Tras la primera reunión del Gabinete Social de 2026, el Gobierno propuso el fortalecimiento de la clase media como prioridad para este ejercicio. El objetivo es ambicioso, pero necesario: lograr que las monumentales cifras macroeconómicas de los últimos años finalmente se “derramen” de manera tangible en los bolsillos de un sector que hoy representa el 42,7% de la población.