Gobierno

Será interesante ver qué hará el cartismo con Santiago Peña a partir de ahora y después de las municipales. Llegó a los tres años de mandato y el balance es deficitario. Casi nada cumplió de las promesas que hizo en la campaña electoral.

El juez Osmar Legal realizó algunas declaraciones en ABC Cardinal, que no constituyen una opinión aislada ni un diagnóstico académico de escritorio. Puede considerarse que son una advertencia cruda, lanzada en pleno corazón de la campaña electoral municipal. El magistrado especializado en la lucha contra el crimen organizado lo dijo sin eufemismos: “Las redes criminales funcionan como verdaderas empresas. Generan, según estimaciones basadas en datos de la Senad, Seprelad y otras fuentes oficiales y privadas, un perjuicio anual al país de entre 1.800 y 4.000 millones de dólares”. Señaló que ese dinero no se esfuma. Se invierte en inmobiliarias, ganadería, agricultura, comercio… y también en política. A partir de esta radiografía del juez Legal, la realidad que muchos prefieren negar o maquillar se vuelve ineludible. El crimen organizado ya no opera solo en las sombras. Penetra la economía formal, lava capitales a escala industrial y financia campañas políticas.

El MIC, junto con el sector privado, conformó el Consejo Asesor Empresarial Regional. Según el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, el espacio busca incorporar la visión de los sectores productivos del interior del país y garantizar la continuidad de las agendas estratégicas para Paraguay.

El Gobierno impulsa una mesa de trabajo para agilizar el proceso de apertura de cuentas bancarias a inversionistas extranjeros. Esto tras sucesivas quejas debido a la traba estatal para gestiones básicas que termina desalentando las intenciones de inversión en nuestro país.

AYOLAS. La disposición de la Gerencia del Consorcio Aña Cuá WRT (Webuild, Rovella, Tecnodil), mediante la cual se prohíbe la captura de imágenes y la creación de videos de la obra en desarrollo, genera preocupación y malestar entre los obreros. Así lo indicó el representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cua (Sitracbamd), abogado Vidal Cáceres.