Pasó una semana de noticias insólitas y otras que confirman nuevamente que Paraguay está en manos del crimen organizado, que penetró todas las instituciones, como la Dinac o la Interpol. Vimos cómo un director del Ministerio de Agricultura estableció un “acuerdo” con representantes de un país que no existe: los Estados Unidos de Kailasa. El papelón se hizo público a través de las redes sociales de los supuestos representantes. El jefe de gabinete, Arnaldo Chamorro, destituido tras el escándalo, firmó el insólito documento.
Sueño con que alguna vez tengamos un gobierno austero y patriota, donde nuestros representantes en las instituciones del Estado, desde la presidencia hasta los cargos más modestos, asuman su papel como un servicio. Que la función que se asuma sea para servir a la gente, y no como un estado de privilegio para servirse del Estado.
En menos de 100 días de gobierno, el cartista Santiago Peña ya se vio forzado en varias ocasiones a “recular” de sus propuestas.
Ya es suficientemente malo que el nuevo Gobierno inicie su gestión con una ampliación presupuestaria de 600 millones de dólares para lo que queda de este ejercicio 2023, a ser financiada con un nuevo fuerte aumento del endeudamiento público, para un período que abarca apenas un cuatrimestre de la primera parte de su mandato. Pero que, además, solicite amplias facultades para que el flamante Ministerio de Economía y Finanzas pueda disponer discrecionalmente de ese dinero y de otras partidas, asignando gastos a su antojo sin que estén previa y explícitamente justificados y presupuestados, en violación de la letra y del espíritu de la Constitución Nacional y contra los principios básicos de la administración pública y del derecho administrativo, es absolutamente inadmisible.
Los graves incidentes ocurridos en la penitenciaría de Tacumbú muestran que las atestadas cárceles de nuestro país no sirven para proteger a la sociedad ni para readaptar a los reclusos: allí se encargan delitos por telefonía móvil, se aprenden nuevas técnicas delictivas y se reclutan “soldados” para el crimen organizado, cuyas facciones se disputan la primacía dentro de los muros, todo ello en medio del consumo de drogas. Este último motín es solo una señal más del colapso del sistema penitenciario. Se aguarda, pues, que el problema sea abordado por el nuevo Gobierno con la suficiente energía para acabar así con unas “zonas liberadas” por la delincuencia, pero solventadas por los contribuyentes.
Varios comerciantes se manifiestan en Encarnación. Exigen al gobierno fuentes de trabajo para “estar mejor”.