La justificación de la comisión especial señala que ha logrado, en el tiempo transcurrido, identificar y sistematizar las distintas dimensiones del esquema de afectación masiva vinculado al uso irregular de pagarés tales como: la dimensión judicial (embargos y ejecuciones), la administrativa (descuentos compulsivos en los organismos públicos), la financiera (intermediación crediticia opaca) y la normativa (vacíos y superposiciones regulatorias que facilitaron los abusos).
Indican que este avance permitió visibilizar modalidades diferenciadas de afectación y caracterizar a los principales grupos de víctimas: docentes, personal de salud y funcionarios públicos jubilados. Se estima que las víctimas serían mas de 30 mil.
Solicitan la continuidad de la comisión varias razones entre ellos por la complejidad estructural del fenómeno ya que sostienen que no se trata de hechos aislados, sino de un entramado que involucra prácticas reiteradas, posibles connivencias y fallas sistémicas.
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Afirman que su abordaje requiere análisis cruzado de expedientes judiciales, actos administrativos y marcos regulatorios, tarea que excede un plazo acotado.
Asimismo, consideran necesaria la orientación y acompañamiento a las víctimas debido al rol articulador con instituciones públicas para facilitar acceso a defensa, revisión de descuentos y generación de salidas administrativas.
“Interrumpir el mandato en esta etapa implicaría dejar procesos inconclusos y debilitar la confianza institucional construida”, señala el proyecto de resolución aprobado.
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También consideran necesario impulsar reformas administrativas y legislativas. Hablan de propuestas en elaboración, orientadas a establecer límites claros a descuentos, de fortalecer controles y prevenir abusos futuros que requieren discusión técnica, consenso político y seguimiento.
“La ampliación hasta diciembre de 2026 permitiría no solo presentar iniciativas, sino acompañar su tratamiento y evaluar su implementación inicial”, indica.