En la madrugada del 1 de abril de 2017, uno de los agentes policiales que irrumpieron el local del Directorio del PLRA, sin previa orden judicial de allanamiento, ultimó de un balazo al joven Rodrigo Quintana, en el marco de las protestas ciudadanas contra el intento de promover la reelección presidencial de Horacio Cartes y Fernando Lugo, mediante una simple enmienda constitucional. Hasta hoy, nadie ha sido condenado por ese hecho criminal, sin precedentes en la historia política del país: nunca antes la fuerza pública había asaltado la sede principal de un partido, dando muerte a uno de los presentes. La ambición de poder segó una vida joven; el supuesto autor material está en libertad en tanto que la autoría intelectual del atropello no ha sido develada hasta ahora. Sería indignante que este trágico episodio termine en la nada; si la resistencia ciudadana logró frustrar que se consume el quebrantamiento del orden constitucional, ahora corresponde bregar para que no quede impune ningún responsable directo o indirecto de la muerte atroz de Rodrigo Quintana. De lo contrario, la historia podría repetirse, pues la sed de poder de algún patrón podría resultar insaciable.
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Crimen de Rodrigo Quintana sigue impune
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