29 de abril de 2024
El actual fiscal general del Estado (FGE) debe dejar el cargo que está usurpando desde hace más de un año, debido a que tiene mandato vencido (la Constitución Nacional establece claramente que el ejercicio del cargo es por tan solo 5 años). Todos los actos administrativos y dictámenes emitidos por él desde aquella fecha hasta hoy son nulos de nulidad absoluta, no tienen ningún valor. Si bien los dictámenes jurídicos del Ministerio Público no son vinculantes, el órgano jurisdiccional casi siempre los tiene en cuenta para emitir su opinión. Esto podría crear un caos jurídico irreparable.