Procurador general: están en proceso análisis sobre deudas de ministerios y reclamo a Covax

En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, comentó que los ministerios de Salud y de Obras Públicas se encuentran abocados a la tarea de analizar las deudas con las que ambas carteras cargan, heredadas del gobierno anterior.

El Ministerio de Obras reporta una deuda de alrededor de 370 millones de dólares con empresas contratistas, mientras que Salud mantiene una deuda con proveedores de medicamentos e insumos que, según estos, llegaría a los 440 millones de dólares.

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“Las ministras de Obras y de Salud llevaron gente muy técnica, muy capaz, y están abocados a estudiar los aspectos contables, los compromisos y la situación jurídica” de sus respectivas deudas, dijo el procurador González.

Hasta el momento, la Procuraduría no ha tenido retorno sobre esos análisis, “lo que quiere decir que aún no culminó o que no encuentran nada raro”, dijo González.

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Señaló que el Ministerio de Hacienda está “haciendo toda una ingeniería económica” para cumplir con las distintas deudas del Estado.

Situación con Covax

El procurador González habló también de la continua controversia entre Paraguay y el Mecanismo Covax, al que el país reclama la devolución de dinero pagado por vacunas solicitadas por Paraguay durante la pandemia de covid-19 que no fueron enviadas a tiempo.

Indicó que mantuvo una reunión al respecto con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y su equipo administrativo, indicando que Salud está realizando un “análisis profundo” de la situación para delimitar los pasos a seguir.

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El Mecanismo Covax de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, que debió proveer al país de 4.279.800 vacunas contra el covid-19, garantizó reembolsar a Paraguay 5.670.990 dólares por los biológicos que no entregaron.

En junio de este año, Paraguay recibió una contrapropuesta de Covax sobre el reclamo del dinero, los detalles de la cual no se han hecho públicos. La Procuraduría solicitó una prórroga hasta el 1 de septiembre para pronunciarse al respecto.