12 de noviembre de 2026

Los alumnos de la Promoción 2025 dieron marcha atrás y solicitaron cambiar al cuestionado abogado y docente que en principio debía ser su padrino, ante el estallido de la crisis bancaria que lo salpicó como miembro titular del BCP.


“Estamos tocando fondo como país” dijo la diputada Rocío Vallejo (PPQ) ante el hecho de que esté asentado en acta que el presidente de la República, Santiago Peña estaría involucrado en una quita irregular de deuda, por presuntos motivos políticos y contra del patrimonio del Instituto de Previsión Social (IPS). Remarcó que Peña sigue siendo cómplice del clan González Maldonado al permitir que mantengan incluso dominio sobre la Procuraduría General de la República.

En un pacto exprés concretado en pleno recibimiento del año 2026, la Procuraduría General de la República aceptó recortar una demanda de G. 4.304 millones a apenas G. 520 millones en un grosero perjuicio a las arcas públicas. Para cerrar el círculo del daño al Estado, los abogados de la PGR cobraron honorarios inflados y fuera de los porcentajes permitidos por la ley, situaciones que fueron omitidas por la institución en un desesperado comunicado oficial.

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que justificó el pago de jugosos honorarios a abogados que pactaron acuerdos extrajudiciales exprés con una aseguradora, obviando a conveniencia artículos de la misma ley que cita como argumento, mientras que el Estado paraguayo recibió apenas migajas de una multimillonaria demanda.

Tras un sugestivo embargo dictado por la magistrada Karen González –esposa del “significativamente corrupto” Jorge Bogarín y cercana al clan González Maldonado–, la Procuraduría realizó una reducción sin precedentes a un reclamo de G. 4.504 millones contra la Aseguradora Tajy. El Estado recibió una migaja de G. 720 millones, mientras el abogado de la PGR se alzó con honorarios por encima de los límites legales.

Atendiendo a la existencia de un presunto esquema de recaudación mediante “acuerdos extrajudiciales” a costa del Estado detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Procuraduría, la diputada Johanna Ortega (PPS) adelantó que revisarán la legislación para cortar con esto. Señala que permitir que abogados del Estado cobre parte de “honorario profesionales” constituye un conflicto de interés y alentaría el esquema.