13 de agosto de 2026

Tras un sugestivo embargo dictado por la magistrada Karen González –esposa del “significativamente corrupto” Jorge Bogarín y cercana al clan González Maldonado–, la Procuraduría realizó una reducción sin precedentes a un reclamo de G. 4.504 millones contra la Aseguradora Tajy. El Estado recibió una migaja de G. 720 millones, mientras el abogado de la PGR se alzó con honorarios por encima de los límites legales.

Atendiendo a la existencia de un presunto esquema de recaudación mediante “acuerdos extrajudiciales” a costa del Estado detectado en el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Procuraduría, la diputada Johanna Ortega (PPS) adelantó que revisarán la legislación para cortar con esto. Señala que permitir que abogados del Estado cobre parte de “honorario profesionales” constituye un conflicto de interés y alentaría el esquema.

Así como el cartismo dinamitó la institucionalidad al poner al presunto abogado “mau” y exsenador cartista Hernán Rivas al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), ahora lo repiten en la Procuraduría con la designación “ilegal e inconstitucional” de Rubén Elidio Gaona, como interino y de la mano del exprocurador Marco Aurelio González, alertó la diputada Rocío Vallejo (PPQ).

El mismo “esquema” de millonaria recaudación con “acuerdos judiciales”, que al ser pillado forzó la renuncia del exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José “Jose’i González, hizo metástasis en la Procuraduría General de la República, a través de los tentáculos de su hermano, el exprocurador Marco Aurelio González Maldonado, según denunció la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), y pidió informes para denunciar penalmente ante Fiscalía.

La diputada Rocío Vallejo cuestionó la irregularidad de mantener un interinato prolongado en la Procuraduría General de la República. Ante la importancia de proteger los intereses del Estado paraguayo en instancias judiciales, la legisladora anunció que exigirá informes al Poder Ejecutivo sobre la demora en la designación de un procurador titular.