El juez Humberto Otazú se opuso al pedido de la Fiscalía de desestimar la denuncia en contra del ex vicepresidente de la República Hugo Adalberto Velázquez Moreno y el funcionario Juan Carlos Duarte, declarados como “significativamente corruptos” por EE.UU., por el supuesto hecho punible de soborno. Ahora el Ministerio Público debe rectificar o ratificar su pedido.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) informó este martes que la justicia uruguaya desestimó la solicitud de Cancelación del Estatus de Refugiados de los ciudadanos Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán solicitado por nuestro país. Paraguay tomó con decepción y desagrado la decisión de las autoridades judiciales de Uruguay, según expresa la Cancillería en un comunicado. Los tres prófugos de la justicia paraguaya actualmente están en Finlandia.
Como una devolución de favores puede considerarse al fraude del “estudio” de los miembros del Jurado sobre un posible enjuiciamiento a la fiscala Victoria Acuña que, como estaba previsto, terminó con su blanqueo en esta instancia. Y no era para menos, ya que en su momento la fiscala “investigó” por corrupción al actual presidente del JEM Fernando Silva Facetti, quien cuando éste se desempeñó como titular del IPS entre el 2012 y 2013, pidió la desestimación de la denuncia penal.
CORPUS CHRISTI (corresponsal). El fiscal de Salto del Guairá, Christian Bartomeu, quien lleva adelante una denuncia de supuesta invasión de la propiedad de la estancia Americana, podría desestimar la causa, debido a que no tiene mayores fundamentos.
La fiscala Claudia Morys desestimó la denuncia de planillerismo contra Cynthia Centurión Amarilla, conocida como la segunda “niñera de oro” del senador colorado Víctor Bogado. La mujer se desempeñaba como doméstica en la casa de la exesposa del legislador. Es beneficiada por poseer horario flexible que incluye salidas del local de Registro Electoral de Lambaré para inscribir electores.
La defensa de Paraguay dirá mañana ante la jueza del distrito de Columbia (EE.UU.) Ketanji Brown Jackson, que “como nación soberana tiene inmunidad” frente a la demanda interpuesta por la aseguradora estatal italiana Sace, en el marco del juicio por la deuda contraída por Gustavo Gramont Berres. El Gobierno rechaza el “pago del fraude” que ronda US$ 95 millones.