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A dos semanas de la declaración del estado de excepción, las Fuerzas de Tareas Conjuntas "Koê Pyahu" combaten al EPP en varios frentes en la zona norte del país, pero al mismo tiempo la misión se ve salpicada por acusaciones mutuas de los propios referentes del Gobierno. Por un lado, el vicepresidente Federico Franco acusa al presidente Fernando Lugo de mantener vínculos con los secuestradores, y por el otro, el titular del Ejecutivo lo desafía a que lo demuestre con pruebas.El estado de excepción fue declarado por segunda vez durante el gobierno del presidente Fernando Lugo el 10 de octubre pasado, luego de que el 21 de setiembre el primer anillo del Ejército del Pueblo Paraguayo atacara la subcomisaría 10ª de Capitán Giménez, en Horqueta, y acribillara a los suboficiales Vicente Ignacio Casco Vargas (30) y Salbador Fernández Fernández (28). El 5 de octubre, el mismo destacamento policial fue nuevamente atacado, esta vez por un francotirador quien hirió con un fusil al suboficial inspector Raimundo Ismael Pereira (33), quien hacía una barrera sobre la Ruta V con otros camaradas.
Ante la situación desbordada en el departamento de Concepción, el Jefe de Estado no tuvo otra opción más que promulgar la medida excepcional, y ordenó la movilización de un importante contingente militar para reforzar la misión conjunta con la Policía.
El general de brigada Félix Pedrozo, designado comandante de la misión, declaró en más de una ocasión que el operativo está muy bien encaminado. Por su parte, el comisario general inspector Aldo Pastore, subcomandante de la Policía, también demuestra optimismo en cada conversación con la prensa, aunque hasta ahora aún se esperan novedades concretas.
Los responsables de la misión conjunta informaron al presidente Lugo, durante una reunión informativa en el R. I. 10 "Sauce" de Concepción, que "ya se tienen identificados objetivos y lugares". Sin embargo, mientras los policías y militares denotan un optimismo casi inusual, en el seno del Gobierno las acusaciones mutuas tienden a ensuciar la delicada investigación.
Por un lado, Federico Franco acusa a Lugo de proteger al EPP, y este lo retó a que presente pruebas. Pero hasta el ministro de Educación, Víctor Ríos, defendió a Lugo y trató de "disparatero" a Franco.
En medio de esta crisis generada por los propios miembros del Gobierno que solo buscan rédito político, las tropas siguen tras los pasos de los criminales en los montes del norte, aunque muchos temen que el inestable ambiente político apeligre la delicada misión.
Ante la situación desbordada en el departamento de Concepción, el Jefe de Estado no tuvo otra opción más que promulgar la medida excepcional, y ordenó la movilización de un importante contingente militar para reforzar la misión conjunta con la Policía.
El general de brigada Félix Pedrozo, designado comandante de la misión, declaró en más de una ocasión que el operativo está muy bien encaminado. Por su parte, el comisario general inspector Aldo Pastore, subcomandante de la Policía, también demuestra optimismo en cada conversación con la prensa, aunque hasta ahora aún se esperan novedades concretas.
Los responsables de la misión conjunta informaron al presidente Lugo, durante una reunión informativa en el R. I. 10 "Sauce" de Concepción, que "ya se tienen identificados objetivos y lugares". Sin embargo, mientras los policías y militares denotan un optimismo casi inusual, en el seno del Gobierno las acusaciones mutuas tienden a ensuciar la delicada investigación.
Por un lado, Federico Franco acusa a Lugo de proteger al EPP, y este lo retó a que presente pruebas. Pero hasta el ministro de Educación, Víctor Ríos, defendió a Lugo y trató de "disparatero" a Franco.
En medio de esta crisis generada por los propios miembros del Gobierno que solo buscan rédito político, las tropas siguen tras los pasos de los criminales en los montes del norte, aunque muchos temen que el inestable ambiente político apeligre la delicada misión.