La capacidad que tienen los Estados de decidir a quienes comprar los alimentos puede representar realmente un estímulo a la agricultura familiar. Está plenamente identificada la oportunidad de unir la demanda de alimentos por parte del Estado con la oferta que hace la AF, constituyendo en este camino una herramienta de política de redistribución de riqueza y de fortalecimiento socioeconómico de las comunidades rurales.
A los gestores públicos y la sociedad en general se le ha impuesto el desafío de construcción de una agenda de políticas públicas dirigidas al desarrollo inclusivo y descentralizado con la mirada puesta en la superación del hambre y de la pobreza.
Es una estrategia en que todos los sectores salen ganando. Los agricultores familiares se benefician si los gobiernos impulsan el abastecimiento de comedores escolares, centros de atención a las poblaciones vulnerables, hospitales, presidios y otras instituciones por medio de las compras públicas de alimentos provenientes de su producción familiar, estrategia que permitirá enfrentar importantes desafíos en el campo de las políticas sociales.
Se beneficia la población, que tiene la oportunidad de mejorar la calidad de su alimentación mediante la oferta de productos diversificados, frescos y que ayudan a combatir o prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles derivadas de la obesidad, provocadas por las dietas inadecuadas compuestas por alimentos ultraprocesados, ricos en sodio, grasas y azúcares simples. Además, propicia una extraordinaria oportunidad para discutir sobre la educación alimentaria y la formación de hábitos nutricionales saludables, y permite rescatar las tradiciones culinarias ancestrales y locales que muchas veces son más saludables que las prácticas actuales.
Estimular a la AF induce a un proceso de movilidad social de las familias, pues al mejorar sus condiciones de trabajo e ingresos promueve un círculo virtuoso de desarrollo en las comunidades rurales donde viven.
Círculo virtuoso
Los programas de compras públicas permiten crear un círculo virtuoso entre la agricultura familiar, los mercados locales, los programas de asistencia del gobierno y los consumidores, generando beneficios para todos.
En los últimos años, estos programas han pasado a ser una parte integral de las políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ya que permiten garantizar el derecho a la alimentación, mejorar la vida de los más vulnerables y promocionar el desarrollo local.
Además, los programas de compras públicas fomentan mejores hábito producción y a la cultura alimentaria tradicional y local. Así, se generan nuevos mercados para la agricultura familiar, estimulando la articulación de políticas públicas, mejorando la diversidad y calidad de alimentos frescos que consumen las poblaciones más vulnerables y proveyendo comida saludable a los niños y niñas que participan de los programas de alimentación escolar, los hospitales públicos y otras instituciones similares.
Asimismo, este tipo programas permite mejorar la participación social por medio de la conformación de comités locales para administrar y/o realizar control social de los procesos en las escuelas, y favorece la participación económica de mujeres agricultoras, generando más ingresos y por ende, más empoderamiento y disminución de las brechas de género que todavía persisten en la región.
Una forma de reducir costos
Las compras públicas a la AF pueden significar una reducción en los costos de las raciones que compran los Estados para sus programas de asistencia social y alimentación escolar, gracias a menores gastos de transporte. En una intervención piloto realizada en Paraguay, con el mismo presupuesto se incrementó la cobertura de alimentación escolar de 4 500 a 7 000 raciones, sólo por comprar a familias agricultoras.
Los programas de compras en Paraguay y en América Latina y el Caribe
En la actualidad, Brasil y Uruguay tienen leyes de compras públicas a la agricultura familiar, mientras que otros países, como Ecuador y Paraguay, tienen decretos legales que regulan estas adquisiciones.
Paraguay es uno de los países pioneros en institucionalizar las compras públicas a la agricultura familiar para alimentación escolar. Desde el año 2013, cuenta con un decreto que establece un proceso simplificado de compras públicas para facilitar la adquisición de productos de la agricultura familiar. Dos años después, el proceso fue incrementado por un nuevo decreto (Decreto 3.000/15), que reemplaza al del 2013, y que perfecciona los procedimientos y facilita al descentralización de las compras.
Otra innovación notable impulsada por el estado paraguayo, es la creación de la Mesa Interinstitucional de Compras Públicas, instancia colegiada que reúne a todas las instituciones públicas vinculados de alguna manera a las adquisiciones de alimentos, que realiza constante mejoras al proceso e intenciona cambios en la política pública sobre el tema.
¿Por qué comprar a la Agricultura Familiar?
Son un instrumento para fortalecer y garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada.
Son una política que mejora la atención a las personas más vulnerables.
Promocionan el desarrollo local y fortalecen los circuitos cortos de comercialización.
Contribuyen a la formación de hábitos alimentarios saludables.
Permiten la apertura de nuevos mercados a la agricultura familiar.
Hacen que los marcos legales y normativas de las compras sean más justos.
Estimulan la articulación de políticas públicas.
Son un factor de ampliación de la participación social.
Amplían la visibilidad de la agricultura familiar en la sociedad.
*Por Emma Siliprandi – coordinadora del proyecto regional de Apoyo a las Estrategias Nacionales y Subregionales de SAN y Superación de la Pobreza en ALC, Cooperación Brasil-FAO