El fallo, sobre el que todavía cabe recurso, confirma "la mayor parte" de los argumentos del Ejecutivo comunitario, pero tumba la decisión de la institución que impuso la sanción por no haber tenido en cuenta "el conjunto de las circunstancias pertinentes en su examen de la duración de las cláusulas contractuales que había calificado como abusivas".
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