Enrique Duarte titular de la UIP señaló que los cambios realizados en la Ley 60/90 de incentivos fiscales a la inversión son bruscos y que podrían tener consecuencias adversas. Sugirió además que la Ley de incentivos fiscales pase por un proceso de modificación más allá del monto del capital, sino que sea con un enfoque en la generación de empleos. Refirió que la citada norma data de los años 90 y merece una actualización porque muchos avances se dieron de ese tiempo a la fecha.
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El titular de la UIP se refirió a los cambios realizados en la Ley 60/90 de “Incentivos fiscales a las inversiones”, específicamente a los artículos 5 y 22 que actualiza los valores del capital (de US$ 5 millones a US$ 13 millones) para que los proyectos de inversión puedan acogerse a los beneficios fiscales de la referida ley, en cuanto al impuesto a los dividendos y las utilidades (IDU) y el impuesto a la renta de no residentes (INR) sobre préstamos, lo que para algunos podría convertirse en un desincentivo a la inversión.
Esto significa que para tener los beneficios fiscales, en lo que respecta al IDU e INR, los inversionistas tendrán que presentar el proyecto con un monto mínimo de US$ 13 millones y ser aprobado, pero en el caso de que el monto sea menor igual podrán acogerse a los demás beneficios establecidos en la ley.
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“Particularmente creo que es un ajuste muy brusco el que se hizo y que necesariamente tendrá consecuencias para la atracción de capitales, pero entendemos que se adecua a los valores establecidos en la norma”, expresó
Cabe mencionar que este valor surge teniendo como factor de ajuste el índice de precios al consumidor (IPC) entre enero de 2004 y noviembre de 2022 obteniendo un parámetro de ajuste de 2,613 veces sobre los US$ 5.000.000 establecidos anteriormente, alcanzando el monto de US$ 13.000.000 en términos redondeados.